Cargando...
Ibañez y Rivas se vieron envueltos en un hecho muy típico de las personas que obtienen poder público. Y lo primero que hicieron fue hacerse pagar por el Estado sus gastos particulares. En este caso, a sus caseros o cuidadores de sus estancias, a quienes hicieron figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados..Ambas causas son conocidas como la de los “caseros de oro”.
Así mismo, no solo el mismo nombre los identificó como iguales, sino que ambas causas tuvieron la misma culminación: la impunidad de los legisladores. En el caso de José María Ibáñez, fue ayudado, primero, por la fiscala Lidia Victoria Acuña Ricardo, quien solicitó la suspensión condicional del procedimiento para el diputado, quien tuvo que admitir el delito de cobro indebido de honorarios que se le atribuyó. Posteriormente, el juez penal de garantías Eulogio Julián López Aquino, ratificó el requerimiento de la fiscala Acuña Ricardo y se consumó el “blanqueo” en julio de 2018.
Sin embargo, Ibañez, a pesar de ser salvado de su proceso penal, el 6 de agosto de 2018 tuvo que renunciar como diputado nacional por el departamento Central, debido a la fuerte presión ciudadana que le reclamaba la perpetración del delito.
Los “caseros” de Tomás
En el caso de Tomás Fidelino Rivas (ANR, cartista), quien eludió por varios años el proceso penal amparado en sus fueros parlamentarios, con la complacencia de sus colegas diputados, recientemente también fue blanqueado por un indulgente tribunal de sentencia integrado con los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate Pastor y Cándida Fleitas (votó en disidencia), que decretó por mayoría la extinción del proceso penal de estafa y concedió el sobreseimiento definitivo del diputado representante del departamento de Paraguari), en el caso de sus “caseros de oro”.
El fiscal de la causa Luis Lionel Piñánez, tras conocer la sentencia “blanqueadora” dijo que el acuerdo de resarcimiento es una admisión por parte del diputado Rivas de que el hecho de estafa ocurrió. Asimismo -cuestionó- que el documento carece de legitimación porque el presidente de la Cámara Baja Pedro Alliana, ni siquiera consultó con sus colegas legisladores para firmar el acuerdo, ya que lo hizo de forma personal.
Según los datos, el acuerdo firmado por Tomás Fidelino Rivas y el presidente de la Cámara Baja y presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana (ANR, cartista), establece que el cuerpo legislativo no tiene ningún reclamo que hacer, bajo ningún concepto, al parlamentario acusado por estafa, atendiendo que el mismo depositó la suma de G. 121.208.000 en concepto de reintegro a la Cámara de Diputados.
También se cuestionó la ligereza del tribunal de sentencia para aceptar el “acuerdo” firmado por los diputados cartistas del supuesto dinero que “entregó” Rivas como reintegro del daño, a pesar de haberse consumado el delito. Además, no se sabe en qué cuenta está depositada esa plata y ni si verdaderamente se entregó el dinero.
Rivas al incluir a tres de sus caseros en la nómina de la Cámara Baja para que sus sueldos sean abonados por los contribuyentes, desde julio de 2016 hasta febrero de 2017, “logró” un ahorro de 47 millones de guaraníes.