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El proyecto se titula de “suministro y compras públicas”, que en la semana recibió media sanción del Senado. “Estamos muy contentos, pudimos sacar la media sanción este año, yo creo que después del presupuesto o con el presupuesto ese es uno de los proyectos más importantes que se ha estudiado este año, para nosotros esa media sanción es muy importante”, expresó este sábado Viviana Casco, titular de la STP.
De acuerdo a lo que explicó la ministra, el documento tiene varias aristas entre las que se destaca un plan para comprar mejor, que las mismas sean más sustentables, y que se castigue más fuerte a los que incumplen con los contratos.
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Además, el proyecto pone el ojo sobre las empresas que puedan estar vinculadas a las sancionadas. Casco explicó que uno de los fenómenos de las compras en pandemia fue que los dueños de empresas que fueron castigadas por Contrataciones tranquilamente usaban otras creadas por ellos mismos para vender al Estado.
“Si es que miramos el componente de lo que gasta el Estado de manera anual, estamos hablando de alrededor del 25% del Presupuesto General de la Nación. Entonces, es un componente muy importante en la estructura de gastos que realiza el Estado y lo que busca es mayor transparencia y competencia entre oferentes”, dijo Casco en relación a las compras que hace el Estado.
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El proyecto también podría detectar el conflicto de intereses entre funcionarios públicos y las empresas que venden al Estado, una cuestión que hasta ahora no se sanciona. “Estamos mirando la estrategia para presentarlo (el proyecto) en Diputados”, adelantó Casco.
Finalmente, la titular de la STP no quiso hablar de cuánto se podría “ahorrar” el Estado con esta ley, pero sí dijo que en términos de “gastos eficientes” el Banco Interamericano de Desarrollo habla de unos US$ 600 millones y el Banco Mundial, de unos US$ 300 millones por año.
La normativa cuenta con 161 artículos y las comisiones le realizaron varias modificaciones. La Cámara de Diputados la analizará el próximo año, al retorno del receso legislativo.