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El oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza contaba con orden de captura dictada por los fiscales Sandra Ledesma, Sophía Galeano y Augusto Ledesma Blasser, pero luego se presentó en la Fiscalía de Luque y se puso a disposición.
Thompson Zarza fue imputado por producción y uso de documentos no auténticos y declaración falsa y el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión.
El pasado 1 de diciembre, el oficial de justicia se presentó en la propiedad de Mariano Sopeña y familia, que figura a nombre de Formasa SA, inmobiliaria que pertenecía al padre de Mariano, don Ángel Sopeña, quien falleció en 2019.
Thompson presentó un mandamiento presuntamente falso, cuyo origen tuvo en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción, como producto de un juicio ficticio. Los agentes del Ministerio Público allanaron dicho Juzgado la semana pasada y en el lugar no “existe el expediente y el juicio tampoco existió”, afirmaban en la ocasión Sandra Ledesma y Augusto Ledesma Blasser.
El ahora imputado oficial de justicia exhibió al afectado un mandamiento de fecha 23 de abril de este año firmado por la actuaria judicial Mouriel Vera (investigada) y por la jueza de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral Fátima María Luisa Vera de López. Esta última falleció en mayo de este año a causa del COVID-19 y durante la pandemia trabajó desde su domicilio, ubicado en cercanías del Juzgado. La fiscalía presume que la firma de la magistrada fue falsificada para ejecutar el hecho. Mouriel es sobrina de la jueza.
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Thompson solicitó apoyo policial a la Comandancia recién el 20 de octubre de este año para llevar a cabo el ilegal desalojo de la propiedad de Sopeña, ubicada en el Cuarto Barrio de Luque, sobre las calles Leonismo Luqueño y Felipe González, que se concretó el 1 de diciembre. Actualmente, el inmueble de casi 5 hectáreas cuesta aproximadamente US$ 4.000.000.
El despojo sería el resultado del juicio que nunca existió, de la causa caratulada como “Ema Nilza Turo Martínez c/ Formasa SA”. El expediente tampoco existió.
Turo Martínez se encuentra con paradero desconocido y la fiscalía ya ordenó su captura. Su vivienda fue allanada la semana pasada, pero en el lugar no se halló ningún elemento vinculado al caso. Es más, el propietario de la vivienda indicó que Ema Nilza solo alquilaba el lugar y que hace cuatro años desocupó la propiedad.
Los fiscales del caso ya realizaron 7 allanamientos en el marco de la investigación. En uno de los procedimientos, en la casa que pertenecía a la jueza fallecida, se encontró un cuaderno en el que aparentemente “alguien practicaba su firma”.
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En otro lugar, en el estudio jurídico BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados”, de Gilda Bordón, por ejemplo, se incautaron varios elementos, pero, llamativamente, las computadoras del lugar y la grabación del sistema del circuito cerrado de las oficinas, desaparecieron.
También se encontraron varios talonarios de cheques que decían “regalías para el Juzgado de Paz de la Catedral”, además de una agenda en la oficina de Gilda donde escribió a mano “Formasa SA” y se dibujó cómo realizarse una transferencia.
Cabe destacar que Gilda Bordón Roux fue abogada, hasta el 30 de noviembre de este año, de Mariano Sopeña, uno de los herederos de la propiedad de la cual fue desalojado junto a su familia. La presunción del Ministerio Público es que el estudio jurídico habría sido el responsable del supuesto juicio.