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René Fernández, ministro Anticorrupción, alegó que la intervención de la Gobernación Central era el camino correcto para la transparencia. “Una intervención no implica un pronunciamiento sobre algún tipo de responsabilidad. Ya hay una investigación penal y esto sería una apertura de una investigación administrativa”, expresó Fernández. Explicó además que en este no fue el caso porque no existió la cantidad de votos suficientes en la Cámara de Diputados.
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Señaló que la Secretaría Anticorrupción fue la primera institución que había denunciado ante el Ministerio Público que dio inicio a las investigaciones penales. “La Senac ya había determinado algunas inconsistencias en la Gobernación de Central con indicios de hechos punibles”, acotó Fernández.
Recordó que habían informado a todos los organismos que corresponden, como el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Control de Fondos Covid y dieron a conocer a la población de las inconsistencias; sin embargo, no fueron evidencias suficientes para los diputados.
No recibió presión política, alegó
El ministro Anticorrupción René Fernández expresó que no recibió alguna llamada, ni tampoco una presión política por parte del Presidente de la República. Expresó que el único que le puede dar órdenes es Mario Abdo en carácter de Presidente, quien solo dio la autorización de cumplir con la Constitución Nacional.
Por otro lado, el titular de la SET, Óscar Orué, dijo que recibió varios llamados de políticos colorados para tratar de “ayudar” al gobernador cartista de Central, Hugo Javier González, en un escándalo por corrupción con fondos públicos.
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Aclaró además que hay evidencia de que existe voluntad política. Hubo orden del Presidente de la República para realizar la investigación clara. Mario Abdo dio apoyo y aseguró autonomía de la institución. Por otro lado, lo mismo no se vio en la Cámara de Diputados.
“Hay que juzgar a las personas con sus actos. Los organismos que dependemos directamente del Poder Ejecutivo hemos actuado correctamente”, expresó Fernández. Sin embargo, aparentemente los diputados habían actuado basados en sus beneficios.
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El exanimador se encuentra imputado junto a otras 14 personas por los delitos de presunta lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal, por el presunto desvío de parte de unos US$ 1 millón que debían ser destinados para la reactivación económica durante la pandemia. “Resulta muy llamativo el uso de esta cantidad de dinero”, resaltó.
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La Fiscalía detectó 7 obras presuntamente “fantasmas”, denominadas así no porque las mismas no estén hechas, sino porque ya estaban terminadas antes de que el Ejecutivo incluso asigne los fondos para la pandemia, por lo que la sospecha es que el gobernador hizo figurar dichas obras culminadas para justificar desembolsos de fondos covid-19, que por cierto se realizaron sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entregando millones a organizaciones no gubernamentales. En dicho caso están imputados también los responsables de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
Fernández expresó que la lucha por el estado de derecho y la responsabilidad de las personas por sus actos es permanente. “A veces tenemos este resultado, otras veces son más auspiciosos”, finalizó.