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Los abogados Andrés Casati y Fausto Portillo, defensores del gobernador de Central Hugo Javier González, presentaron un recurso de reposición y apelación en subsidio solicitando al Tribunal de Apelaciones conformado por los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez la revocación de la resolución que designa a la jueza María Elena Cañete para presidir la audiencia de imposición de medidas del gobernador y las otras 14 personas imputadas por lesión de confianza y otros delitos.
Los jueces titulares especializados en delitos económicos José Agustín Delmás y Humberto René Otazú se inhibieron del caso, el primero por enemistad con uno de los abogados y el segundo por amistad con otro de los letrados.
El expediente fue remitido por el juez Otazú al Juzgado de Garantías Nº 1 de Asunción, donde la jueza Clara Ruiz Díaz impugnó la inhibición de su colega por carecer de suficientes argumentos que demuestren la verdadera amistad que señala el magistrado con uno de los defensores.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, calificó de “inoficiosa” la impugnación de Ruiz Díaz, ya que la misma no tiene competencia en la causa.
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Si bien en considerando los camaristas deslindan de responsabilidad a la magistrada Ruiz Díaz, en la parte resolutiva del fallo solo dice que “se declara inoficioso” el estudio y tratamiento de la impugnación por parte de la jueza a la inhibición del juez Otazú, sin mencionar que la misma queda apartada del caso para que este sea atendido por una jueza suplente de Delitos Económicos.
Por ese motivo la defensa de Hugo Javier González planteó una nueva chicana, teniendo en cuenta que el expediente fue remitido nuevamente a Otazú y este derivó la causa a la jueza Cecilia Ocampos.
Esta última magistrada también se inhibió del caso, ya que uno de los abogados en la causa es su representante legal en un juicio, y en consecuencia envió el expediente a la segunda jueza suplente de Delitos Económicos, María Elena Cañete, quien admitió la causa.
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En contra de esta última resolución, la defensa del gobernador Hugo Javier González planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio, con el argumento que el Tribunal de Apelación sólo declaró inoficiosa la impugnación de Clara Ruiz Díaz y no ordenó que la causa sea remitida a un juez suplente.
Portillo y Casati solicitan que el caso no sea atendido por la magistrada Cañete y que el expediente vuelva a su lugar de origen, el despacho de Clara Ruiz Díaz. También alegan que el juez Otazú firmó una providencia estando separado del caso, que le fue enviada por su colega Ruiz Díaz.
La jueza Cañete comunicó sobre el recurso planteado por la defensa del gobernador González a los miembros del Tribunal Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez, quienes deberán resolver quién finalmente estará a cargo de la causa.
A casi dos meses de la imputación
El 1 de noviembre, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera imputaron al gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal, en el marco de una investigación de la ejecución de un millón de dólares de fondos otorgado por el Poder Ejecutivo a la Gobernación de Central como asistencia económica por la pandemia de covid-19.
En la rendición de cuentas de la ejecución de esos fondos aparecen facturas clonadas y otras anomalías.
Como medida cautelar los fiscales solicitaron que el gobernador González y los demás imputados sean apartados de sus respectivos cargos. Hasta la fecha, la imposición de medidas no fue posible debido a múltiples chicanas.