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Ayer, la Cámara de Diputados trató el pedido de intervención de la administración del gobernador cartista Hugo Javier González. Pero el petitorio formulado por 12 concejales departamentales de un total de 21, no tuvo suerte. Con 42 votos por el blanqueo, 31 a favor de la intervención y 7 ausencias, se rechazó el pedido de intervención a la Gobernación de Central y se lo envió al archivo.
Los defensores de Hugo Javier ignoraron por completo los informes de la investigación especial realizada por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y hasta la imputación del Ministerio Público.
La Fiscalía investiga el uso de un millón de dólares, lo que sería unos G. 6.382 millones de nuestra moneda local correspondientes a fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020, para generar fuentes de trabajo durante la pandemia.
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“Yo creo que nosotros desde la Senac en conjunto con la AGPE, hicimos un informe técnico fundado y sustentado en evidencias documentales, informes y constituciones”, dijo Fernández.
El ministro de Anticorrupción también hizo mención sobre los hallazgos durante la pesquisa documental que realizaron conjuntamente los entes de control, en la cual se confirmaron una serie de irregularidades en la ejecución de los fondos, como facturas clonadas, doble rendición de cuentas con una diferencia abismal de G. 1.600 millones, reemplazo de facturas, facturas a crédito que fueron no canceladas pero figuran como pagadas, empresas fantasmas, entre otras.
“Hemos señalado inconsistencias administrativas e indicios de hechos punibles. También hemos formulado una denuncia penal junto a la Subsecretaría de Tributación ante el Ministerio Público que es órgano pertinente y en ese contexto existe una investigación penal con imputación”, manifestó el secretario de Estado.
Luego de confirmar las anomalías, la Senac y la SET formularon una denuncia penal el pasado 8 de julio, sobre las inconsistencias encontradas en el uso de G. 6.382 millones. En este contexto, después de las investigaciones pertinentes, los fiscales del caso, Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, imputaron al gobernador de Central Hugo Javier González y a otras 14 personas, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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“Desde las instituciones competentes que pertenecen al Poder Ejecutivo hemos actuado como corresponde en derecho y en salvaguarda del interés público. Y seguiremos actuando de la misma manera cada vez que nos corresponda. Consideramos que es necesario que todas las instituciones del Estado paraguayo cumplan con su rol”, dijo el ministro Fernández.
Repartija del dinero de covid
El gobernador Hugo Javier, al instante de recibir el fondo covid de G. 6.382 millones, decidió repartir dicho recurso a dos organizaciones sin fines de lucro: el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, imputado en la causa, que recibió G. 5.105 millones, y el Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera, que acogió G. 1.276 millones.
Varias son las inconsistencias observadas por la Senac, como por ejemplo, el cobro en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la totalidad del dinero transferido, la clonación de facturas, entre otras. La SET confirmó el reemplazo de facturas por parte de la administración de Hugo Javier, para tratar de desviar la atención y ocultar las irregularidades.
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Así, el cheque Nº 07524978 por G. 1.276.400.000 a nombre del Consejo Regional de Salud, fue efectivizado por el tesorero de la organización, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo.
La ONG CIAP, recibió el desembolso a través de cuatro cheques. El Nº 07524976, por G. 2.297.520.000; el Nº 07524980, de G. 1.531.680.000; el Nº 07524977, de G. 765.840.000; además del Nº 07524979, de G. 510.5600.000, que fueron cobrados por Paulino de los Santos Palacios Recalde y Nicolás Doria Álvarez, tesorero y síndico de CIAP, respectivamente, ambos imputados.
Este hecho violó normativas que exigen a las oenegés habilitar una cuenta bancaria para los depósitos de dinero por parte de las organizaciones del Estado.