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Con 42 votos por el blanqueo, 31 a favor de la intervención y 7 ausencias, se rechazó el pedido de intervención a la Gobernación de Central y se los envió al archivo.
Los diputados opositores que integraron la Comisión Especial conformada para analizar el pedido hicieron un extenso y detallado relatorio de los elementos que justificaban ampliamente la intervención. Sin embargo, todo fue en vano ante la complicidad de los colorados para salvar al Nº 2.
El diputado Édgar Acosta (PLRA, bancada D) fue uno de los que argumentó a favor de la intervención, afirmando: “Aquí la desorganización se organizó perfectamente. Se montó un esquema para robar y se encontró un mecanismo fantástico a través de las oenegé, con aliados inescrupulosos que se robaron dinero del pueblo paraguayo”.
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Si bien consideró grave lo que se estima ya se desvió de recursos de la ciudadanía, afirmó que es peor que se va a seguir “dándole confianza a Hugo Javier y su gavilla de seguir gestionando los bienes públicos”.
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La diputada Rocío Vallejo (PPQ) también hizo un minucioso desglose de los puntos más graves detectados en el caso. Todos ellos destacaron que no solo fue una denuncia de concejales opositores, sino que la Contraloría General de la República (CGR), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la auditoría del Ejecutivo encontraron sendas irregularidades.
La diputada patriaqueridista citó el informe del Ejecutivo, que detectó “transferencias de fondos a entidades no habilitadas por salud, donación irregular de bienes y facturas falsas, facturas que no corresponden a entidades que deben prestar ese tipo de servicios”, entre otras irregularidades.
Es de destacar que la propia Fiscalía encontró elementos suficientes, al punto de que Hugo Javier González y otras 14 personas, entre ellas funcionarios de la Gobernación, de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y contratistas, están imputadas por lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal.
Dicho caso es por el presunto desvío de fondos correspondientes a los 1 millón de dólares del fondo covid. Además tiene abiertas otras dos investigaciones por el destino de recursos propios de la Gobernación por un total de G. 18.300 millones, donde habría involucrado a las oenegés Tekove Servicio de Acción Social y al Consejo Regional de Salud de Central, para evadir los controles de Contraloría.
Únicamente los diputados colorados Ángel Paniagua (ANR, oficialista) y Derlis Maidana y Basilio “Bachi” Núñez (ambos ANR, cartistas) se animaron a intentar defender al Nº 2 ante el pleno.
“A mí me sorprende cómo fácilmente la gente acusa y miente”, dijo Paniagua, intentando alegar que durante el “tour del blanqueo” visitaron algunas obras, descartando según él que se trate de obras “fantasmas”.
El diputado Acosta no tardó mucho en corregirlo, al indicarle que las obras que visitaron fueron las seleccionadas por la defensa del Gobernador y no hay ninguna certeza de que sea la relacionada al millón de dólares.
Todos los colorados evitaron referirse a otros elementos graves contra Hugo Javier, como por ejemplo las facturas falsas detectadas por la SET, o el hecho de que se habrían realizado pagos dobles, es decir, hicieron figurar obras terminadas para justificar nuevos desembolsos.
Según Paniagua, no les corresponde a ellos como legisladores analizar esos hechos, sino que corresponde “al Ministerio Público probar dichos extremos”.