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La denuncia ante el Ministerio Público se presentó para deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales, explicó Lezcano. Agregó que dicha determinación asumió a resulta de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que realizó la Contraloría General de la República (CGR) a la gestión de exintendente Sosa Báez.
La verificación de documentos y obras corresponden al Ejercicio fiscal 2020-y parte del 2021, en que se invirtieron recursos de Fonacide, royalties y compensaciones, durante la administración del exlord municipal.
El intendente Lezcano manifestó que en el corte administrativo que se realizó al asumir el cargo el pasado 9 de noviembre, se constató desprolijidad y el faltante de varios documentos respaldatorios de las inversiones realizadas con los recursos municipales.
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Señala en su denuncia que gran parte de los desembolsos no cuenta con documentos que justifiquen que dichos pagos fueron realizados, por lo que los gastos carecen de fuentes de verificación patrimonial.
Lezcano recomendó al Ministerio Público librar a la CGR para que remita el informe final de la fiscalización realizada al Ejercicio 2021, específicamente al Ministerio de Hacienda para que informe de las transferencias realizadas a la Municipalidad en los rubros de Fonacide, royalties y compensaciones, utilizados hasta el 10 de diciembre.
Asimismo, pide que de oficio se solicite a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, todos los llamados realizados por la Municipalidad en el primero, segundo y tercer cuatrimestre del presente año y a la Subsecretaría de Estado de Tributación para que informe sobre las facturas utilizadas por los diferentes proveedores.
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Municipalidad con déficit económico
La actual administración de Lezcano encontró la Municipalidad vacía y preocupa la falta de recursos económicos. Ahora se está trabajando para conseguir préstamos y poder cubrir las deudas pendientes de pagos que dejó la administración de Sosa Báez.
En ese sentido, se solicitó al Banco Nacional de Fomento (BNF) la posibilidad de acceder a un crédito de G. 44 millones, que urge cubrir en el Ministerio de Hacienda y Gobernación de Paraguarí, en concepto de transferencia por el cobro de impuesto inmobiliario. También se adeuda a la Dirección Nacional de Catastro. De pagarse dicha deuda el Ministerio de Hacienda liberará los fondos de los diferentes rubros de unos G. 800 millones, explicó Aldo Lezcano.
Se ha heredado compromiso pendiente de pago de G. 141.715.022, sin tener saldo suficiente en caja para cubrir dichas deudas, ni en las cuentas bancarias para pagar salarios a funcionarios y dietas a los concejales.