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El senador Jorge Querey adelantó que pedirán el tratamiento sobre tablas del proyecto en la sesión ordinaria de mañana, última del año.
El legislador señaló que los hechos y las pruebas en el juicio contra Ramón González Daher y su hijo fueron contundentes y lo que quedó patente y pendiente de investigar fue la participación en estos delitos de parte de la bancada privada e instituciones del Estado encargadas de controlar los movimientos financieros que fueron castigados por la Justicia.
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Se preguntó qué hicieron las oficinas de los bancos privados que, en cumplimiento de la ley debían haber alertado sobre operaciones sospechosas. Al respecto, apuntó que en uno solo de los casos, hubo un movimiento de US$ 60 millones de parte de González Daher.
Igualmente, se preguntó sobre la actitud de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y de la Superintendencia de Bancos del BCP en todos los años que estuvo operando el clan González Daher.
Asimismo, dijo que se debe explicar la participación de algunos fiscales el Ministerio Público en el esquema de “apriete” tan evidente que motivó que una jueza llamara la atención en plena lectura del fallo judicial contra los González Daher y que la Corte Suprema anunciase una auditoría.
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Querey advirtió que este caso no es un hecho de corrupción más sino una crisis sistémica del sector financiero, de los organismos estatales de control y de la Justicia.
Apuntó que esto tiene raíces mucho más profundas que se deben develar. Puntualizó que el Congerso Nacional, cumpliendo su rol constitucional de control a los otros poderes del Estado debe tener un informe pormenorizado con conclusiones que le permitan tomar iniciativa para una acusación ante el Juado de Enjuiciamiento de Magistrados o ante la Fiscalía.
Recordó que, con la nueva ley del Jurado de Enjuiciamiento, las cámaras del Congreso tienen legitimación activa para ser parte acusadora en este caso.
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Por su parte, la senadora Esperanza Martínez abogó para que haya una investigación seria de la corrupción institucionalizada en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con sus organismos de control. Apuntó que actualmente Paraguay está visto como “la gran lavandería de Sudamérica” debido a un sistema instalado y protegido por instituciones del Estado.