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Según los datos, la unidad penal número 3 de lucha contra los delitos ambientales fue creada en la ciudad de San Juan Nepomuceno, en el año 2006, teniendo en cuenta que la región noreste del departamento de Caazapá cuenta con dos parques nacionales, más varias reservas privadas que son el epicentro de los delitos contra la naturaleza como el tráfico de rollos, desmontes, elaboración de carbón vegetal con madera nativa entre otros.
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Sin embargo, los políticos caazapeños, con el objetivo de controlar la unidad penal contra delitos ambientales, consiguieron el traslado irregular, a la ciudad de Caazapá en el 2011, cuando fue nombrada como agente fiscal Karina Escurra. En esa época el fiscal General del Estado era el ahora enjuiciado por enriquecimiento ilícito, el caazapeño, Javier Díaz Verón, quien obedecía las órdenes de los políticos de turno.
La unidad de lucha contra delitos ambientales en el departamento fue creada durante la administración del Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, quien entendió que los atropellos contra la naturaleza estaba en la región noreste de Caazapá.
El mes pasado fue nombrada la nueva fiscal de la unidad penal de delitos ambientales de San Juan Nepomuceno, Mirtha Alice Arévalos Ledesma, quien ya se instaló en la sede de la fiscalía de Caazapá con la intención de trabajar desde la capital departamental.
Tratamos de hablar con la nueva fiscal ambiental de San Juan Nepomuceno, Mirtha Alice Arévalos Ledesma pero no atendió nuestro llamado.