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La intención de las diputadas Kattya González, Norma Camacho, del PEN, y del diputado Édgar Acosta (PLRA) es que el pleno de la Cámara Baja apruebe en la fecha en sesión ordinaria un proyecto de declaración que exige al JEM y al Ministerio Público (a cargo de Sandra Quiñónez), la apertura de una investigación para lograr la identificación de jueces y fiscales integrantes de la red de corrupción fiscal-judicial.
El fin es que tengan como base los hechos contenidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos de fecha 10 de diciembre de 2021, integrado por las magistradas Claudia Criscioni (presidenta), Yolanda Portillo y Yolanda Morel (miembros), donde se juzgó y condenó a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por usura, denuncia falsa y lavado de dinero.
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Asimismo, solicitan al JEM y a la Fiscalía a considerar la resolución como suficiente denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Ministerio Público, a los efectos de la apertura de las investigaciones requeridas.
Los diputados proyectistas señalan que resulta claro y distintivo que existen facilitadores de toda una red infecciosa que continúan sostenidos en nuestras instituciones y que precisan ser identificados cuanto antes para que el peso de la ley y la sensación de justicia sean efectivos en honor a la incontable cantidad de víctimas que sufrieron los embates del clan González Daher.
“Este proyecto tiene por intención levantar la voz de las víctimas y exigir cuanto antes que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Ministerio Público actúen de oficio”, señalan.