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Alrededor de la medianoche de ayer la agente Sandra Ledesma se constituyó en la propiedad que pertenecía a la jueza fallecida Fátima María Luisa Vera de López en el barrio Sajonia, mientras que Galeano y Ledesma Balsser fueron hasta el barrio Jara para allanar el estudio jurídico BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados” de Gilda Bordón y también la vivienda de esta última.
Domicilio de la jueza fallecida
En la casa de la magistrada Vera, la comitiva fiscal policial fue recibida Cecilia María López Vera, Abdullah Ibrahim Argüello Enciso y Sixto López Delgado, la hija, el yerno y el viudo, respectivamente, de la jueza. La firma de Vera aparece en un mandamiento falso que fue utilizado para desalojar ilegalmente a la familia Sopeña de su valiosa propiedad ubicada en Luque.
Durante el procedimiento se encontró un cuaderno de anotaciones donde se pudo visualizar que alguien, aparentemente, “practicaba la firma de la magistrada”, afirmó Ledesma. Los ocupantes de la casa no supieron explicar el hecho. Abdullah Ibrahim dijo que el cuaderno era suyo, pero evitó dar detalles sobre las muchas firmas que aparecen en una de las páginas. El elemento será sometido a pericia.
Investigada era abogada de Sopeña
Se trata de Gilda Bordón Roux, propietaria del estudio jurídico BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados”, ubicado en el barrio Jara de Asunción. Este lugar fue allanado esta madrugada por la fiscal Sophia Galeano.
Gilda fue abogada hasta el 30 de noviembre de este año de Mariano Sopeña, uno de los herederos de la propiedad de la cual fue desalojado junto con su familia. Cabe destacar que el desalojo tuvo lugar al día siguiente, el 1 de diciembre del corriente.
Según fuentes, cuando el caso tomó estado público, la letrada Gilda se desentendió de Mariano y le manifestó que “estaba de viaje”. La versión fue confirmada por el afectado, quien se mostró sorprendido al enterarse de que su exrepresentante legal es la misma que estaría maniobrando para arrebatarlo de su terreno.
La agente Galeano y su comitiva forzaron el portón del estudio jurídico para ingresar a las oficinas de Bordón Roux y Asociados, pero todos quedaron sorprendidos cuando visualizaron que en el lugar no estaban los equipos informáticos. Al menos cinco unidades fueron llevadas, pero no así los mouse correspondientes.
“Nos llamó la atención que se quedaron todos los mouse; sin embargo, se llevaron todas las computadoras, evidentemente alguien está tratando de esconder algo. También vimos que se llevaron varias documentaciones, en embargo, pudimos encontrar talonarios de cheques donde se abonó el pago del impuesto inmobiliario de la empresa Formasa SA (inmueble de la familia Sopeña), también encontramos otros mandamientos que vamos a verificar si corresponden a la firma de los jueces y del actuario y otras documentaciones que vamos a estar analizando, de otros juicios de otras personas que vamos a estar investigando si fueron víctima de algún hecho punible o si corresponde a la firma o al consentimiento de los demandantes y si tienen conocimientos los demandados”, explicó la agente Ledesma.
Agregó que los videos del circuito cerrado de las oficinas también fueron llevados.
A pocas cuadras del lugar, el fiscal Augusto Ledesma Blasser allanó al mismo tiempo la casa de Gilda Bordón, pero la mujer tampoco estaba en el lugar. Hasta el momento se encuentra con paradero desconocido.
“En el domicilio de la doctora Gilda sí encontramos el circuito cerrado que fue incautado y otras documentaciones de otros juicios que también serán verificadas. Es evidente que ellos ya tenían la sospecha de que podrían ser investigados o que en algún momento el Ministerio Público podría dar con la sospecha de llegar a este lugar y fueron retirados los equipos informáticos”, refirió Sandra Ledesma.
Estudio producía los documentos, supuestamente
La presunción del Ministerio Público, según explicó la fiscala Ledesma, es que el estudio jurídico de Gilda y Asociados habría sido el responsable del supuesto juicio que en verdad nunca existió en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción. En el esquema aparece otro abogado que también representó por unos pocos días a la familia Sopeña.
Se trata de Marcos Bogado, el letrado que habría sido enviado por Gilda “para representar” a Mariano Sopeña en el escándalo. Pero de la nada, Bogado desapareció y ya no respondió a los llamados desesperados de su cliente.
“Regalías para el Juzgado”
Los intervinientes encontraron, asimismo, en una de las oficinas del estudio jurídico, talonarios de cheques que decían “regalías para el Juzgado de Paz de la Catedral”, dijo la agente Ledesma, aunque no detalló los montos.
“También encontramos una agenda en la oficina de Gilda donde escribe a mano Formasa SA y dibuja cómo va a realizar la transferencia. Todo con flechitas”, afirmó la fiscala Sandra Ledesma.
Tienen orden de detención
El ficticio juicio supuestamente se llevó a cabo en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción, a inicio de este año, donde la familia Sopeña perdió la titularidad de la propiedad de casi cinco hectáreas y valuada en unos US$ 4.000.000, resultando beneficiada Ema Nilza Turo Martínez, funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Esta mujer también formaría parte de la red y ya cuenta con orden de detención. Su vivienda también fue allanada, pero la misma no estaba en el sitio.
El Ministerio Público confirmó luego de la intervención del Juzgado que el expediente relacionado al caso “no existe” y que dicho juicio tampoco “nunca existió”.
El otro involucrado que también ya cuenta con orden de detención es el oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza, quien con un mandamiento de desalojo falso, despojó a la familia Sopeña de su propiedad.