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En la Cámara de Diputados, el ambiente estaba tenso este miércoles, sobre todo para el titular, Pedro Alliana, quien se ofuscó y se puso a la defensiva con los periodistas cuando estos quisieron profundizar en las consultas sobre el supuesto blanqueo a Hugo Javier González, gobernador de Central imputado por malversación de los fondos COVID-19.
El parlamentario insistió en que el grupo designado de diputados había ido a verificar las obras y que estas “no eran fantasmas”, sino que estaban, pero cuando se le insistió un poco más en el asunto, decidió retirarse pues, según dijo, no lo dejaban hablar. Así, ingresó a la sesión sin responder.
Esta es la última sesión del año y es prácticamente un secreto a voces que los votos de los diputados están cantados a favor de salvar a Hugo Javier.
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Reuniones de último minuto
La bancada colorada tanto cartista como abdista mantuvo una reunión esta mañana para definir los votos. Algunos de sus integrantes mencionaron que se trata de “un tema complejo” que se tiene que analizar hasta el último minuto.
Aseguran que la Fiscalía y la Contraloría ya imputaron al gobernador y que ese trabajo continuará independientemente de la decisión que se tome en sesión.
El rumor indica que en la negociación para salvar a Hugo Javier, aparentemente, estaría en juego la mesa directiva del 2022 a cargo de los colorados. Los oficialistas habrían negociado con los cartistas y esa sería la condición para dar el respaldo al gobernador.
La diputada encuentrista Kattya González mencionó que también se tratarían rápidamente dos proyectos que interesan a la bancada oficialista de Añetete: la Ley del Servicio Diplomático, que abriría la puerta de la Cancillería a los políticos sin necesidad de concurso como lo es en la actualidad, y el proyecto sobre juegos de azar.
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Así era el esquema corrupto
El imputado gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), obligaba a los funcionarios contratados de la Gobernación a facturar para la ONG CIAP, según el acta de imputación fiscal. Los comprobantes aparecieron en la primera rendición del millón de dólares del fondo de emergencia COVID-19. Luego, fueron reemplazados.
Funcionarios contratados o por “transferencia” de la Gobernación de Central, a cargo del imputado Hugo Javier González (ANR), cartista), eran obligados a presentar facturas a nombre del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, detalla el acta de imputación de la fiscalía. Se habla de una práctica común dentro de la institución departamental.