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El Ministerio Público investiga la existencia de una “red de criminales” que se dedica a arrebatar propiedades privadas a legítimos dueños mediante juicios inventados y la producción de documentos no auténticos que son utilizados para realizar desalojos. Hasta el momento, la agente dijo que actuarios, jueces y abogados podrían estar implicados.
La fiscala Sandra Ledesma y su comitiva se constituyeron en el barrio Sajonia, específicamente sobre la calle Teniente Celestino Prieto, en la vivienda que pertenecía a la jueza Fátima María Luisa Vera, quien falleció en mayo de este año a causa de COVID y cuya firma aparece en un mandamiento aparentemente falso que fue utilizado para desalojar ilegalmente a la familia Sopeña de una valiosa propiedad ubicada sobre la calle Leonismo Luqueño y Felipe González del Cuarto Barrio de Luque.
La propiedad, de casi cinco hectáreas, está valuada actualmente en unos US$ 4.000.000 y fue adquirida en 1991 por el español Ángel Sopeña, un reconocido ginecólogo pionero en España en la congelación de óvulos, quien falleció en 2019 en nuestro país.
Desde entonces, a través de groseras maniobras, muchos intentaron quedarse con el inmueble, hasta que el pasado 1 de diciembre apareció el oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza, con un mandamiento supuestamente apócrifo, cuyo origen tuvo en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción y que llevaba la firma de la jueza Fátima María Luisa Vera de López (fallecida hace ocho meses) y de la actuaria Mouriel Vera, sobrina de la magistrada. Ese día, la familia Sopeña fue desalojada del lugar.
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Nuevo allanamiento
En el marco de esta investigación, los fiscales de la causa -Sandra Ledesma, Sophía Galeano y Augusto Ledesma Blasser- realizaron varios procedimientos desde la semana pasada.
Anoche, la agente Ledesma llegó hasta la casa que pertenecía a la magistrada Vera de López, donde al inicio del allanamiento los ocupantes de la vivienda, Cecilia María López Vera (27), hija de la jueza; Abdullah Ibrahim Argüello Enciso, pareja de Cecilia, y Sixto López Delgado, viudo de la magistrada, se mostraron molestos con los intervinientes y cuestionaron el proceder de los mismos, especialmente cuando la fiscala incautó el teléfono celular de la joven Cecilia María.
Durante la inspección fue revisado un gran volumen de documentos pertenecientes a la familia que se encontraba en la sala, donde la misma fiscala Ledesma encontró un cuaderno de anotaciones donde se pudo visualizar que alguien, aparentemente, “practicaba la firma de la magistrada”.
Los ocupantes de la casa no supieron explicar el hecho. Abdullah Ibrahim Argüello Enciso, yerno de la jueza Vera, dijo que el cuaderno era suyo pero evitó dar detalles sobre las muchas firmas que aparecen en una de las páginas.
Cecilia y su pareja Abdullah Ibrahim alegaron en todo momento ser de profesión abogados y se mostraron muy nerviosos durante el procedimiento.
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Cuaderno será peritado
Al término del allanamiento, la agente Sandra Ledesma manifestó que en la casa no hallaron los sellos de la jueza fallecida, “sí algunas documentaciones que correspondían al Juzgado de Paz, que se va a analizar si corresponden a una persona que haya sido víctima de juicio irregular o de alguna notificación que no haya llegado”, expresó la misma. Llamativamente, la jurista hacía oficina en su domicilio en los últimos tiempos a causa de la pandemia de COVID-19.
La fiscala agregó además, con respecto al cuaderno con la aparente práctica de la firma de la jueza Vera de López, que será sometido a pericia para saber a quién pertenece la caligrafía.
“Se tiene mucha información del esquema que se utilizaba para obtener el título de propiedad, para poder titular la propiedad de manera ilegal. Tenemos sospechas suficientes de que eso es lo que están realizando (…) Nosotros tenemos la sospecha de que la firma de la jueza fue falsificada, no que ella haya tenido implicancia. Creemos que la gente de su alrededor estaría realizando, aprovechando también que la jueza era una persona que fue víctima del COVID y estuvo enferma en los últimos tiempos, que se aprovecharon de la situación y realizaron este tipo de hechos”, expresó Ledesma.
Ordenan detención de presuntos implicados
En el Juzgado de Paz de la Catedral, de Asunción, supuestamente se llevó a cabo un juicio en el que la familia Sopeña perdió la propiedad y una mujer de nombre Ema Nilza Turo Martínez, funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), fue beneficiada con la titularidad.
Sin embargo, los agentes fiscales allanaron dicho Juzgado el pasado viernes y en el lugar se pudo evidenciar que el expediente del caso “no existe” y que dicho juicio tampoco “nunca existió”, dijo la fiscal Ledesma.
Al respecto, también ese día fue allanada la casa que alquilaba Ema Turo Martínez, pero la mujer no se encontraba en el sitio y tampoco fueron encontrados elementos vinculantes. El Ministerio Público ya ordenó la detención de la misma, así como también del oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza. Ledesma mencionó que llama la atención que ambos no se hayan presentado ante la fiscalía voluntariamente.