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Cansado de las constantes acciones de fiscales y jueces contra él y su familia, Adán Ayala Garcete llegó de forma solitaria hasta la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se encadenó a uno de los bloques de cemento instalados entre el edificio y las vallas metálicas.
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En conversación con ABC, Ayala Garcete señaló: “Me encadeno frente a la Fiscalía General del Estado y comienzo hoy una huelga de hambre, hasta que paren estos aprietes de los fiscales y jueces. Total ya nos mataron en vida”.
Sobre la situación que lo impulsó a tal medida de fuerza, Ayala dijo que “es una lucha de larga data. Una persecución a mi familia y hacia mi persona. Un tema ligado al Clan González Daher, que estuvo involucrado en este problema a través del apriete judicial”.
En 2011 fue cuando perdieron por primera vez sus tierras ante un grupo ligado al condenado Óscar González Daher (fallecido). En 2015, les fueron robadas 2.060 cabezas de ganado, refirió Ayala Garcete, y añadió que la historia se repite, pues les fueron sustraídos 56 vacunos, 15 caballos y maquinarias.
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Ayala denunció que el esquema de apriete esta vez se da por parte de los abogados Enrique Kronawetter Zarza y Federico Huttemann, hermano de Hernán Huttemann. “Ellos hacen lo mismo que los González Daher, aprietes, amenazas judiciales y tráfico de influencias”, manifestó Ayala.
Artimañas en puja por estancia chaqueña
Desde 1962, la familia Garcete Fleitas, a la cual pertenece Adán Ayala, es propietaria de la disputada Estancia Korochiré, que está ubicada a unos 160 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Fuerte Olimpo.
En este caso, la fiscala Stella Mary Cano, recusada actualmente, había imputado y ordenado la detención de cinco personas, entre ellas Camila Freitas de Garcete (92), quien además está en silla de ruedas, sus hijos Alicia -madre de Adán-, quien padece de cáncer terminal, y Dionisio Garcete.
En 2016 la familiar, por orden judicial tenía prohibido acercarse a sus tierras y recién en 2019 lograron acceder nuevamente a la hacienda.
En octubre pasado la fiscala de Luque Sandra Ledesma se movilizó hasta a Alto Paraguay con una supuesta denuncia en mano contra Ángel Ayala Garcete, a quien se le imputó los hechos de coacción grave, robo agravado y asociación criminal.
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“La fiscala, con la orden de allanamiento, llegó a la estancia y buscó evidencias de lo que se robó, pero no encontró nada e igualmente ordenó mi detención y me mandó a Filadelfia y a mis dos personales que estaban conmigo también”, relató Ayala.
Después de eso “estuvimos tres días y tres noches en Filadelfia y luego tuvimos nuestra declaración con uno de los fiscales y nos fuimos al juzgado de Puerto Casado, donde nos dieron medidas alternativas a la prisión porque no encontraron nada”, rememoró Ayala.
Posteriormente, según siguió relatando Ayala Garcete, regresó a su estancia y al día siguiente, nuevamente la fiscala Sandra Ledesma lo volvió a imputar, pero en esta oportunidad por invasión de inmueble, por lo que fue detenido otra vez y traído hasta San Lorenzo. Luego de eso recuperó su libertad nuevamente.
Adán informó que sobre todos estos hechos ya presentaron denuncia ante el Ministerio Público, al menos 40 denuncias, según refirió en un momento. Ahora ya estamos viendo para recurrir a los derechos humanos internacionales. Es una persecución a mí y a mi familia. Ya no hay un estado de derecho que defienda los derechos de los trabajadores”, enfatizó.
Añadió que solicitó audiencia con la fiscala general Sandra Quiñónez, pero hasta hoy no fue recibido por ella.
Evitan una resolución con incidentes
El abogado Alfredo Enrique Kronawetter expresó que “ellos -por la familiar Garcete Fleitas- se han pasado recusando a los magistrados, empezando por el juez que debía resolver un incidente de nulidad planteado por nosotros ante un interdicto que presentaron ellos” y mediante el cual buscan recuperar unas 12.000 hectáreas del Chaco paraguayo.
Dichas tierras pertenecen legalmente a la empresa Agro Inversora Occidental Sociedad Anónima (Agroosa).
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Sobre lo manifestado por Adán Ayala, de que Kronawetter forma parte de una esquema de apriete, el abogado respondió “yo no aprieto a nadie. Ellos son los que están haciendo una serie de manfiestaciones en distintos medios y no encuentro un solo sustento a sus denuncias. No tienen un solo título”.
“Si les preguntas cuál es el título de propiedad que tienen, no te pueden presentar ninguno porque no tienen. No tienen la titularidad de esas tierras. En derecho al menos tenes que tener título para argumentar la propiedad”, refirió el abogado Kronawetter.
Finalizó que la familia es la que “recusó ya a nueve magistrados en las causas penales que hay, evitando que haya una resolución sobre el interdicto”.