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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, reveló que, en el marco de un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia contra la mafia italiana, están elaborando un protocolo de control y prevención de lavado de dinero.
Según indicó, “la línea de trabajo” ejecutada tiene relación con la advertencia desde Italia referente a un caso en el que la mafia utilizó como “canal” las contrataciones públicas para el lavado de dinero. “Analizando este ejemplo y la posible presencia de grupos mafiosos de esquemas de dinero ilícito en nuestro país es que preventivamente quedamos con la ministra (de Justicia) Cecilia Pérez en diseñar el mejor sistema posible de control y prevención de riesgos de este tipo de situaciones”, declaró.
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Remarcó que el proyecto es una medida preventiva antilavado, pues afirmó que no existe ningún caso concreto o alguna investigación referente al uso de obras públicas por parte de la mafia italiana.
Igualmente, Seitz no descartó la comisión de lavado de dinero mediante la financiación de las obras del Estado. “No solamente obras públicas, te diría que cualquier volumen de negocio importante es susceptible de ese riesgo presente”, añadió.
Base de datos
En ese sentido, Seitz refirió que en el proyecto de ley de modificación del sistema de Contrataciones se está fijando la importancia de una base de datos de proveedores del Estado.
“Cualquiera sea el sistema de control, lo que primero que se necesita una base de datos dinámica, actualizada y confiable de quiénes están contratando con el Estado a nivel de origen del financiamiento y no solamente del nombre de la empresa proveedora”, declaró.
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La DNCP participó de un curso de corrupción brindado como parte del programa “Falcone y Borsellino”, iniciativa italiana para la lucha contra el crimen organizado transnacional en los países latinoamericanos y caribeños.
De acuerdo a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, “hay una sospecha” de que la conocida mafia italiana Ndrangheta está operando en Paraguay y habría ingresado de la mano de los grupos criminales que operan en la triple frontera, como el Primer Comando Da Capital (PCC).