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El pasado 17 de noviembre, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley. De esta manera, el Congreso da aplicabilidad al proyecto de ley que multa con G. 44.000 a los electores que no votan en las elecciones.
En el debate legislativo, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), presidente de la comisión de Legislación y Codificación, fue el único que se refirió al proyecto de ley.
La norma también prevé percibir por todas aquellas multas por faltas electorales previstas en el Código Electoral. Igualmente autoriza a administrar los fondos asignados a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación.
Entre las atribuciones se menciona el suministrar en la brevedad posible a los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales; y, movimientos internos las informaciones y copias de los padrones e instrumentos públicos que le fueren solicitados.
Algunos diputados cuestionaron que en la norma no se establezca un fondo en el que se especifique a donde irá a parar el dinero que se recaude por multas.
Esta ley promulgada por el Ejecutivo tenía relación con el proyecto de ley que consistía en impedir tramitar ciertos documentos personales mientras siga el incumplimiento del pago (muerte civil). La iniciativa volvió al Senado.