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Para la diligencia fueron convocados Francisco José de Vargas Benítez y Luis Alberto Rojas Ramírez, así como a Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvia Jara Acha, Silvio Alcides Amarilla Torales, Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez, Jessica Paola Reyes Aguilera y Hugo Danilo González, quienes están procesados en el marco de la causa N° 72/2016 “Francisco de Vargas y otros sobre lesión de confianza y otros”.
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Cuando se registró el hecho, Francisco de Vargas se desempeñaba como ministro de la Senad, mientras que Luis Rojas era Director General Antidrogas, quienes están acusados por el hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autores.
Además, el director de Administrador y Finanzas Antonio Salvador Pereira Fretes, el director de Inteligencia Silvio Alcides Amarilla Torales, la asesora jurídica Jessica Paola Reyes Aguilera y el coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, Hugo Danilo González, todos ellos procesados por lesión de confianza en calidad de cómplices.
Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bobeda, aparecen en los hechos como socios gerentes de la empresa Televox SRL, en tanto que Silvia María Jara Acha, entre 2012 y 2013, prestó servicios contables dentro de la citada firma. Estos tres últimos están procesados por producción de documentos no auténticos.
Todos ellos fueron acusados en diciembre de 2018 por el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Financieros y Anticorrupción.
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Llamado de atención
El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, del primer turno, Humberto René Otazú Fernández, al momento de fijar la hora y fecha para la audiencia preliminar también indicó que se notifique a las partes bajo apercibimiento en base a las disposiciones contenidas en la Acordada N° 709/2011 “Por la cual se aprueba el reglamento que regula el sistema disciplinario del Poder Judicial”, su modificatoria la Acordada N° 961/2015 en sus artículos 4° y 16°, la Acordada N° 1057/2016 a través de la cual se aprueba el “Manual de buenas prácticas para los juzgados penales de garantías y demás auxiliares de justicia”, y lo dispuesto en los artículos 106, 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal “De los Deberes de las Partes” y de lo dispuesto en el artículo 243, inciso 4 del CPP “Comportamiento de los imputados”, para evitar futuras suspensiones de audiencias dentro del proceso.
Firmaron contratos, pero no importaron equipos
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) suscribió en 2012 un contrato con la firma Televox SRL para la adquisición de un sistema de rastreo sensitivo móvil, por valor total de G. 9.406.120.000. Esto, luego de que el entonces director General Antidrogas Luis Rojas haya señalado, nota mediante al entonces ministro Francisco De Vargas, la necesidad de contar con tecnología para combatir el narcotráfico.
El 19 de julio de 2012, Televox SRL presentó a la Senad los documentos con la cotización de los productos.
Durante el proceso, se realizó el dictamen de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) N°05/2012 firmada por el encargado de dicho sector Alberto Daniel Ferreira Martí y también por la Asesora Jurídica Jessica Paola Reyes Aguilera. En el mismo hacen mención a la nota remitida por Rojas a De Vargas.
En el documento también se hace mención que la empresa con mayor respaldo es Cobham Suveillance Espectronic Productos, cuyas actividades están relacionadas a trabajos de inteligencia y que Televox SRL es la representante en Paraguay.
Con todo esto De Vargas autoriza a la UOC, por resolución N° 431/2012 a realizar las gestiones para adquirir los equipos de espionaje de la marca Cobham de procedencia de Reino Unido, mediante un código especial de contrataciones ante la Dirección Nacional de Aduanas a favor de Televox.
El 15 de noviembre, fecha en que se emitió la resolución N° 431, Televox presentó una factura con la descripción de los productos a ser comprados por valor de G. 9.406.120.000, y este mismo día se firmaron la orden de pago por el director de Administración y Finanzas de Senad, Antonio Salvador Pereira Fretes, y De Vargas a favor de la citada firma.
El 21 de noviembre se firmó el contrato N° 32/2012, entre Francisco De Vargas por la Senad y Nicasio Bóbeda, representante de Televox en el país. El 27 de ese mes supuestamente se hizo entrega de cuatro ítems que figuraban en el contrato. El acta de recepción fue firmada por Luis Rojas, el director de inteligencia Silvio Alcides Amarilla Torales, la jefa del departamento de Patrimonio Jadiyi Arza, jefe de la UOC Alberto Ferreira y Nicasio Bóbeda.
El 28 de diciembre se firmó la orden de pago en favor de Televox por el valor de G. 9.406.120.000, luego de que supuestamente el 27 de diciembre dicha firma haya totalizado la entrega de los artículos. Todo esto se pudo constatar mediante las documentaciones incautadas de la Senad por el ahora exfiscal Martín Cabrera.
Además, en el marco de la investigación la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que Televox solo realizó dos importaciones el 30 de abril de 2013 y el 3 de mayo de 2013. Sin embargo, no existen movimientos bancarios al exterior correspondiente a la firma Cobham y tampoco registro oficial del ingreso de las mercaderías.
Sin evidencias de equipos
Las actas de constituciones realizadas por el exfiscal Martín Cabrera, hacen mención a que en la Senad se encuentran equipos que en teoría corresponderían a los adquiridos por contrato 32/2012. Sin embargo, se constató que los mismos no corresponden a los ofertados por Televox y queda más en evidencia esto al no existir documentación oficial, tampoco hay documentación de que los equipos fueron importados por Televox, y mucho menos hay constancia de transferencia de dinero.
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El documento fiscal señala que la Senad pagó a la empresa Televox SRL la suma de G. 9.406.120.000 en el año 2012, durante la administración de De Vargas y otros G. 1.250.000.000 en el 2015, durante la gestión de Rojas, pese a que no fueron cumplidas las cláusulas establecidas en el contrato entre la institución y el firma ya que el equipo, objeto del contrato nunca ingresó al patrimonio.
Por todos estos elementos, Francisco De Vargas y Luis Rojas fueron imputados por lesión de confianza, en calidad de autores; los funcionarios Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvio Alcides Amarilla Torales, Jessica Reyes, quienes también fueron procesados por lesión de confianza, pero en calidad de cómplices. Para estos últimos se había solicitado el sobreseimiento provisional, al que hizo lugar Otazú por AI N°883 de fecha 19 de diciembre de 2017.