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El referido informe fue elaborado por la cartera para acompañar el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que la semana pasada fue sancionado por el Congreso y asciende a G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones).
El documento incluye temas como el balance fiscal 2020, la política fiscal, la reforma fiscal, recuperación económica, inversión pública, deuda, situación de la caja fiscal y otros puntos.
Con respecto a la proyección del resultado fiscal del Gobierno central para los próximos cinco años, explica que en 2022 se registrará un déficit del -3% del PIB, que ya fue contemplado dentro del presupuesto aprobado por el Parlamento.
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El análisis señala que el saldo rojo se reduciría gradualmente para el resto del periodo proyectado, pero aún por encima de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal hasta el ejercicio 2023.
Las proyecciones, sin embargo, indican que para el año 2024 el déficit fiscal retorne al límite de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Además, para los siguientes años continuaría la disminución gradual del déficit fiscal de la administración central llegando al 1,4% del PIB en los años 2025 y 2026.
Recomiendan apurar convergencia
Los economistas del sector privado consideran que el ajuste al tope debe realizarse lo antes posible, más aun si este año las previsiones hablan de que el déficit cerrará por debajo del 4% inicialmente previsto, de tal modo a frenar el ritmo de endeudamiento que viene registrando el país, que a octubre suma US$ 13.416,2 millones, equivalente al 33,4% del PIB.
El plan de convergencia fiscal al 2024 está contemplado en el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal, que está a consideración del Congreso desde diciembre del año pasado. Incluye, fijar como tope de deuda el 40% del PIB y cerrar con déficit fiscal al 3% del PIB cuando haya necesidad de aplicar una cláusula de excepción.
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A pesar de que el referido proyecto no fue considerado aún por los legisladores, el mayor déficit se autoriza por la vía de la ley de presupuesto año tras año.
El último superávit registrado fue en 2011, desde el año siguiente y hasta 2018 se cerró con déficit en el marco del tope establecido, pero desde 2019 por encima del límite atendiendo la crisis económica y la pandemia por covid-19.
En 2020 se registró el saldo rojo más alto de 6,1% del PIB, teniendo en cuenta los más de US$ 2.000 millones de préstamos realizados, para el presente ejercicio se prevé 4% y para el año venidero 3%, mientras que en 2023 sería 2,3%.