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Policías del departamento Contra el Crimen Organizado llevaron a cabo tareas de apoyo y verificación de las inmediaciones del penal de Tacumbú, desde las primeras horas de la mañana de este miércoles.
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De esta forma, la Policía Nacional pasa a reforzar las labores preventivas de vigilancia en la zona perimetral de la principal penitenciaría del país, junto con militares de las Fuerzas Armadas que normalmente están apostados en las inmediaciones.
Así, afuera la vigilancia se da por policías y militares, y dentro, por los agentes penitenciarios. Esto teniendo en cuenta que diciembre, por las fiestas, es un mes especial para las personas privadas de libertad. Esta misma medida se estará tomando en los demás penales del territorio nacional.
Estos trabajos forman parte del protocolo de conformación del Comité Técnico Interinstitucional que fue firmado por las autoridades del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a fin de reforzar los trabajos de inteligencia penitenciaria y llevar a cabo acciones rápidas.
De acuerdo con registros del Ministerio de Justicia, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú cuenta actualmente con una población de 2.308 personas privadas de libertad, de las cuales 1.278 están con procesos abiertos, mientras que 1.030 personas están con condenas firmes.
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Reforma encaminada
Dentro de la reforma penitenciaria que plantea la ministra de Justicia Cecilia Pérez, están fijados como objetivos la reducción del hacinamiento en las cárceles, la profesionalización de los agentes penitenciarios y la separación efectiva de las personas privadas de libertad condenadas de las procesadas.
Esto se puede dar paulatinamente con la próxima habilitación de tres nuevas penitenciarías, pues una vez que entre a funcionar estas se procederá a trasladar a ellas sólo a las personas condenadas, que serán custodiadas por la primera promoción de agentes penitenciarios formados en el Instituto Técnico Superior Penitenciario.
Esto, según estimaciones hechas desde la cartera de Estado, permitirá la ejecución de un nuevo modelo de gestión penitenciaria en el que se podrá hacer especial énfasis en las tareas de reinserción social.