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AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Robles Ibarra, funcionario de la Cámara de Diputados, estaba comisionado desde el 2018 a la Gobernación de Central como “asesor” del gobernador Hugo Javier González, cartista. Aparentemente, el exmandatario Horacio Cartes junto con Santiago Peña habrían ordenado que el consejero sea apartado de la institución departamental y vuelva a su lugar de origen, el Congreso.
Fuentes a las que tuvo acceso ABC Color señalaron que Robles habría desocupado totalmente su oficina, luego del último allanamiento realizado por el fiscal Juan Manuel Ledesma en la sede departamental el pasado viernes. El comisionado, más conocido dentro de la Gobernación como el “gobernador de facto”, protegido del exsenador cartista Víctor Bogado (con condena firme en el caso de Gabriela Quintala, más conocida como la “niñera de oro”), habría recibido orden de Horacio Cartes y Santiago Peña (candidato a la presidencia 2023 por el cartismo), de “alejarse del lugar”, para que “un hombre de la entera confianza” del exmandatario ocupe el cargo de asesor en los próximos días.
Coincidentemente, Robles presentó el viernes último, día del procedimiento fiscal, un pedido de “vacaciones” que rige desde el lunes hasta el 14 de enero de 2022; así lo confirmó el director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Víctor Attis.
Agregó que también fue informado sobre la salud de Robles y que supuestamente estaría internado por un “pico de presión”. Además afirmó que no existe ninguna solicitud de recisión del comisionamiento, así como tampoco de renovación del mismo, hasta el momento. El periodo de tras-
lado de una institución a otra, de Robles, vence este 31 de diciembre. Es funcionario permanente de la Cámara de Diputados, comisionado a la Gobernación con remuneración de G. 14 millones.
Por otro lado, Fausto Portillo, también asesor de Hugo Javier y exabogado de Víctor Bogado, confirmó que sigue formando parte del equipo asesor del gobernador, pero se limitó a hablar sobre la situación de Miguel Robles.
Intentamos hablar con Santiago Peña, sobre el supuesto pedido de alejamiento de Robles de la Gobernación, pero no atendió la llamada a su celular. También llamamos al gobernador de Central, Hugo Javier González, imputado, pero tenía el celular apagado.
Supuesto “maletinero”
Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra es conocido como “el maletinero”, por sus antecedentes cuando se desempeñaba como funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), periodo en que fue imputado por soborno agravado en el 2008, tras la denuncia de una recaudación paralela de maletines.
En ese entonces se desarticuló una red que se dedicaba a la recaudación en negro en las oficinas de la ANNP y donde el propio titular de aquel momento, Albino González, denunció la existencia de maletines “para la corona” y la entrega semanal y quincenal de dinero negro. En total, 13 funcionarios portuarios, entre ellos Robles (exadministrador en Chaco’i), fueron filmados con cámaras ocultas e imputados luego por “soborno agravado” por el exfiscal Giuzzio.
Aseguran que Robles, a quien lo señalan como “el gobernador de facto”, es el que administra los recursos públicos que recibe la Gobernación y contratos del personal. Fue denunciado por llevar a su propiedad un invernadero construido con fondos de la Gobernación, así como maquinaria.
Descalabros del Nº 2
El primer caso investigado hace mención a la ejecución de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000), fondo de emergencia sanitaria por covid, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020, para generar fuente de trabajo durante la pandemia. En la rendición de cuentas de Hugo Javier, conocido como el “locutor número 2″, aparecen facturas clonadas entre otras irregularidades.
El caso está siendo investigado por los fiscales de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said. Los mismos imputaron a Hugo Javier González, cartista, y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
El segundo caso se trata de millonarias transferencias a varias ONG hechas en el año 2019 donde más de G. 18.345 millones no tienen respaldo documental respecto a su ejecución. El fiscal Juan Manuel Ledesma es quien investiga este nuevo escándalo y en principio es por lesión de confianza, pero no descarta otros hechos penales. El pasado viernes el agente procedió a allanar la sede departamental durante 15 horas. Es mismo día, Robles pidió “vacaciones”.
La tercera causa abierta está a cargo de la fiscala Natalia Fúster, quien investiga nuevamente a Hugo Javier y otras personas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero. La Gobernación de Central transfirió el pasado 30 de septiembre la suma de G. 5.185 millones, mediante seis cheques, a una nueva ONG de nombre Tekove Acción de Servicio Social, presidida por Nicolás Rivas Bogado.