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Lo que pretende el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) es anular la Ley N°6710/21 “Que autoriza la operación y habilitación excepcional y temporal de vehículos especiales para la prestación del servicio de transporte público terrestre de pasajeros”. Si la Corte da lugar a este pedido, más de 35.000 pasajeros podrían quedarse sin el servicio del transporte.
César Ruiz Díaz, presidente del gremio, señaló que la normativa en cuestión es inconstitucional, porque es una ley que autoriza habilitar diferentes medios de transportes (ómnibus, minibus, furgonetas) para cubrir los itinerarios que hoy no cuentan con el servicio de colectivos.
“La ley abre la posibilidad de habilitar cualquier vehículo, es decir, yo a cualquier carretilla le pongo una rueda más, le pongo que es un bus ya puede salir a operar. Esto es un retroceso, porque hoy se está circulando con buses con aire acondicionado, que están operando con billetaje electrónico, con datos fidedignos generando trazabilidad con coherencia técnica y racional científico”, manifestó Ruiz Díaz.
Sin embargo, se le recordó que estos permisos “temporales” se otorgaron a empresas que son agremiadas a Cetrapam, por lo que la acción parecería “una guerra entre empresas” por los tramos. “Estos permisos temporales es cierto que se están dando a empresas de Cetrapam, pero no porque se les otorgue a las firmas de Cetrapam, violando la ley, nosotros tenemos que llamarnos a silencio, lo que está mal tenemos que corregir. Nosotros no vamos a quedar pegados a la violación de una ley”, expresó.
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Insistió que se está haciendo marcha atrás y que con esto el Gobierno va a habilitar cualquier tipo de bus “so pretexto de que es temporal”, cuando la ley prevé la concesión de que un itinerario debe realizarse a través de una licitación.
“En el año 2006, la Corte Suprema de Justicia ya había dictaminado en otros juicios donde decía que los permisos provisorios no son válidos. Pero hoy, 15 años después, la misma autoridad viene y te dice que tenemos que hacer permisos provisorios. Entonces, ¿cuál es el mejoramiento del transporte público, con una autoridad que quiere retroceder?”, expresó.
Se le volvió a insistir que estos servicios, que él mismo considera como un retroceso, fueron otorgados a empresas de su gremio y señaló: “La manera que otorgaron es irregular porque es provisorio y en el Paraguay los provisorios se hacen eternos, está mal, no corresponde. La ley no me faculta, ese nomás es el punto. Se está otorgando a mansalva y a cualquiera, que se cumpla lo que dice la ley”, expresó.
Viceministerio dilata licitaciones
Esta situación se está dando justamente porque el Viceministerio de Transporte sigue dilatando las licitaciones para otorgar los tramos que hoy no tienen el servicio de transporte público, por diferentes razones, como por ejemplo, la quiebra de las empresas.
El titular de la institución, Víctor Sánchez, indicó que como la ley lo indica, se trata de “habilitaciones temporales” y que todos estos trayectos se licitarán en breve. “La ley dice que es temporal, en caso de estados de catástrofe, pandemia y un servicio ineficiente. Por estos tres motivos se pueden prestar estos servicios temporales. De manera paralela estaremos haciendo las licitaciones correspondientes”, expresó.
Insistió que, si la Corte da lugar al pedido de los empresarios, los más afectados serán los usuarios. “Estamos esperanzados que el presidente de la corte, el ministro César Diésel, tendrá en cuenta que, si se da lugar a este pedido, más de 35.000 usuarios se quedarán sin el derecho a transportarse”, indicó.
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¿Molestia es por la competencia?
El viceministro Víctor Sánchez señaló que estas “habilitaciones temporales” molestaron a los empresarios que tenían la “cancha libre”, y que por eso plantearon acciones legales ante la Corte. “Son quince acciones de inconstitucionalidad, que presentaron empresas que se sienten afectadas por estos servicios temporales, porque al reactivarse los servicios, en las troncales hay más líneas, es decir, más competencia”, expresó el funcionario.