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“Pedimos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y las leyes que los regulan; que se asegure la igualdad y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto a su derecho consuetudinario, la protección a sus territorios y a los recursos naturales para su sustento”, señala el manifiesto de la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar), que dieron a conocer hace instantes antes de terminar la misa de la víspera de la fiesta de la Virgen de Caacupé.
La misa fue presidida por el obispo de Caaacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, mientras la homilía estuvo a cargo del sacerdote dominico Edgar Toledo, quien en su homilía también abogó por la participación de los laicos encontrar una salida a los graves problemas sociales que agobian al Paraguay.
En otra parte del comunicado de la Conferpar, que se leyó en durante la eucaristía, los religiosos sostienen que como sociedad paraguaya, como cristianos, “tenemos que preguntarnos si seguiremos tolerando las expulsiones de los indígenas de sus tierras ancestrales; si seguiremos indiferentes viendo cómo se les obliga a vivir en situaciones paupérrimas, inhumanas y totalmente no cristianas”.
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Consideran que es tiempo, de reivindicar la identidad cultural y ponerse de su lado; de decir basta de violar sus derechos territoriales, de entregar sus tierras a extraños y al agronegocio en nombre del mal llamado desarrollo.
Derecho a la tierra
“Exigimos que se priorice la atención del derecho a la tierra y a la propiedad para todos los paraguayos, disponiendo los recursos necesarios para desarrollar una política integral de reforma agraria, promoviendo la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y los derechos humanos, así como iniciativas, que aseguren la protección de la casa común en una economía sana, sustentable, solidaria y sostenible”, dice otra parte del comunicado. Agrega que es la hora de poner fin a la miseria, a la extrema pobreza y a las prácticas que lastiman la cohesión social, el bien común y la salud en la única casa común.
Los religiosos piden no anteponer la necesidad de tipificar delitos antes que la urgencia de fortalecer, defender y promover el bien común como sustento de la paz social. “Antes que criminalizar, los legisladores deben exigir y asegurar el acceso a recursos y oportunidades conforme a la dignidad de todos los ciudadanos”, afirman.
En este sentido, consideran prudente derogar la reciente modificación hecha al Código Penal o que se la revise con mecanismos de control y diálogo.
Derogación de la Ley 6830
“Como CONFERPAR pedimos directamente su derogación de la Ley 6830/2021. Esta ley no busca la solución real del problema sino infundir miedo, promover el enfrentamiento y la violencia en el campo y en las periferias de nuestras ciudades”, afirman. Apuntan que es responsabilidad del Estado solucionar el gran problema social de la tierra, no crear leyes para criminalizar a los pobres en sus justos reclamos. “Es de suma urgencia investigar el destino de las tierras malhabidas; es urgente dejar de blindar o blanquear situaciones injustas y corruptas en esta cuestión que es clave para una convivencia pacífica, justa y humana en nuestro país. Señores: es hora de recuperar las tierras malhabidas, porque lo robado se devuelve!”, señala.
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Finalmente abogan por el diálogo y buscar consensos para lograr una sociedad justa, armoniosa y plena.