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Los datos forman parte del “Informe de las Finanzas Públicas de la República del Paraguay” elaborado por el Ministerio de Hacienda y que acompañó el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.
Hacienda indica que a través del informe el Gobierno comunica a los organismos internacionales y al público en general la política fiscal para el mediano plazo, atendiendo que se abordan temas como el balance fiscal 2020, política fiscal y el proyecto de PGN 2022, la reforma fiscal, recuperación económica, inversión pública, deuda y otros.
En el capítulo que corresponde a la Caja Fiscal, explica que esta entidad previsional aglutina a todos los trabajadores del sector público: administración pública, docentes universitarios, magistrados judiciales, magisterio nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para otorgar beneficios de jubilaciones y pensiones.
La cartera reitera las conclusiones de un informe anterior que ya se había dado a conocer para impulsar una reforma de urgencia, lo que hasta ahora no se dio debido a la oposición de los jubilados y porque los políticos no están dispuestos a considerar un cambio en esta etapa electoral del país.
Subsidio vía impuestos
El informe menciona que en años recientes se observa un aumento del déficit global, el cual es explicado por el déficit de los sectores magisterio nacional y Fuerzas Públicas. En ese sentido, indica que en el periodo de 2016 a 2020 el déficit total de estos sectores fue de US$ 965 millones, de los cuales US$ 671 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y US$ 294 millones al magisterio nacional.
“El agravamiento del déficit en los últimos años obliga a destinar cada vez mayores recursos para cubrir el creciente gasto de sectores cuyas contribuciones son insuficientes para solventar las jubilaciones y pensiones”, afirma el informe y destaca que estos recursos un costo de oportunidad alto, US$ 671 millones provenientes de los recursos del Tesoro (impuestos) que fueron utilizados para cubrir la brecha del gasto de las jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Públicas, en tanto que en el caso del magisterio se cubre con el superávit que registran los demás sectores.
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“Esta situación obliga a un análisis urgente de las condiciones actuales para el acceso a los beneficios de todos los sectores que componen la Caja Fiscal”, afirma Hacienda, aunque desde la cartera se sigue demorando la presentación del referido proyecto de ley de urgencia anunciado en el primer semestre del año.
El informe menciona que en 2003 se llevó a cabo la última reforma del sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, debido a varios aspectos que lo hacían insostenible, entre otros: la retención de aportes no se realizaba sobre todas las remuneraciones percibidas por los funcionarios; y, el salario base para el cálculo del beneficio (último sueldo) constituía una presión sobre los fondos jubilatorios, ya que el último salario se alejaba de un histórico adecuado de cotizaciones.
Además, agrega, la baja relación entre las cotizaciones y los beneficios otorgados y las profundas inequidades para el acceso a los beneficios entre los programas de jubilación, mostraban una senda explosiva con un valor actual neto en 2003-2050 cercano al 78% del PIB inicial para los planes contributivos, mientras que, en el año 2003, el déficit operacional (definido como la diferencia entre las contribuciones y gastos anuales) alcanzaba el 1,5% del PIB.
Parámetros vigentes impacta
En otra parte del análisis, señala que la heterogeneidad en los parámetros vigentes impacta negativamente en la sostenibilidad financiera y expresa que al cierre del 2020 el déficit global de la Caja Fiscal fue de US$ 150 millones, de los cuales US$ 15 millones corresponde al programa civil, financiado con los recursos excedentes de los sectores superavitarios (administración pública, docentes universitarios y magistrados judiciales); y, US$ 135 millones del programa no civil, financiado con impuestos generales.
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Añade que el flujo negativo que arrastra el programa contributivo civil desde febrero del año 2020 fue provocado por el aumento acelerado del déficit del magisterio nacional (docentes), el cual absorbe gran parte de los recursos superavitarios del citado programa. Puntualiza que el magisterio nacional registró un déficit de US$ 90 millones, que es cubierto con el aporte de los demás sectores.
En referencia al presente año, al cierre de setiembre la Caja Fiscal concentra un resultado negativo global de US$ 130 millones, de los cuales aproximadamente un 20% es cubierto con recursos provenientes de sectores superavitarios (sector civil) y US$ 103 millones cubiertos con recursos del Tesoro (Fuerzas Públicas).
Déficit acumulado
El informe indica que de acuerdo con las estimaciones del déficit de flujo proyectado para fines del presente año, el mismo cerraría en aproximadamente US$ 184 millones y para el año 2029 se estima un déficit acumulado de aproximadamente US$ 3.535 millones.
Además, alerta que a setiembre de 2021, el total de reservas depositadas en el Banco Central del Paraguay (BCP) es de aproximadamente US$ 395 millones y la proyección del déficit de flujo para el programa civil continuará con un incremento acelerado hasta llegar a un total acumulado cercano a US$ 800 millones al 2026, por lo cual hay un alto riesgo de agotamiento de dichas reservas si no se avanzan con las reformas respectivas en el corto plazo.
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“Por lo tanto, en las condiciones actuales, la Caja Fiscal presenta dificultades de sostenibilidad financiera que requieren de toda la atención por parte de los hacedores de políticas públicas y de toda la sociedad, dado la transversalidad del impacto. En el próximo quinquenio, las reservas de la Caja depositadas en el BCP podrían agotarse, de no realizarse las reformas necesarias. En este contexto, la Caja Fiscal requiere de una reforma urgente que permita hacer frente a los pasivos previsionales”, advierte parte de las conclusiones del informe.
Por otra parte, Hacienda informó hoy que la Caja Fiscal presenta un déficit de G. 1,04 billón (US$ 120 millones) al cierre de noviembre, equivalente a un 32% debido a la diferencia entre los egresos y aportes, que alcanzaron G. 3,28 billones y G. 2,24 billones, respectivamente.