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Asimismo, intentó alegar que los concejales departamentales denunciantes tienen sus intereses, aunque omitió considerar que la Fiscalía ya imputó por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal al “Número 2″, Hugo Javier.
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“Ellos son legisladores departamentales, entonces tienen que hablar, hablar, hablar; el power point de ellos aguanta todo. Ahora tenemos que ver si esos documentos condicen, porque si vamos a ir por facturas clonadas, empezando por el presidente del PLRA, (Efraín Alegre) hasta Miguel Prieto (intendente de Ciudad del Este) hasta Fuerte Olimpo, está lleno de facturas truchas y falsificadas”, afirmó Núñez tratando de desviar la atención del caso específico de su correligionario y miembro de Honor Colorado Hugo Javier González.
“Yo no quiero adelantar nada hasta ir a recorrer las obras y revisar la documentación que presentaron los concejales”, agregó, excusándose de emitir aún un juicio sobre las graves denuncias contra “el N° 2″.
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Si bien Núñez trató de restar seriedad a las graves denuncias, lo real es que ya existe una imputación formal contra el gobernador por varios indicios de uso irregular de US$ 1 millón que debían ser destinados a la reactivación económica en el marco de la pandemia de COVID-19. Además, hay otro par de denuncias y causas investigadas por el uso de G. 18.300 millones de recursos propios de la Gobernación del periodo 2020, también gastados presuntamente de manera irregular.
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No solo la Fiscalía detectó indicios de irregularidades, sino también otras instituciones de control como la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Contraloría General de la República (CGR) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por lo que mal se puede hablar de que son denuncias hechas de manera irresponsable.
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Núñez también reafirmó que su bancada se comprometió a tratar la intervención en la última sesión antes del receso parlamentario, el próximo miércoles 15. “Para el caso del gobernador Hugo Javier se va a cumplir la ley, como no se cumple en otros casos, así que la bancada luego propuso que se trate en la última sesión, cumpliendo los 15 días que establece la ley”, afirmó Núñez, tratando de señalar que supuestamente no hay tanta premura cuando se trata de otros casos que afectan a referentes de la oposición.