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La reciente denuncia de falsificación de firmas presentada ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), dirigido por Carlos Pereira, hizo que al parecer se descubriera apenas la punta del “iceberg” de un esquema del manejo discrecional de recursos del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis). La institución solicitó a la Fiscalía que investigue.
Se trata de la presunta falsificación de firma de la fiscala de obras Arq. Laura Verdún, que se habría hecho para salvar controles tercerizados en un proyecto a cargo del “Servicio de Asistencia Técnica (SAT) Osmar Salvador Vera Gamarra”. El caso hizo reflotar otra denuncia muy similar pero del presidente de una organización social altoparanaense, Fabio Avia. La misma data de setiembre y reiterada en octubre del 2020, cuando Dany Durand dirigía el MUVH..
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Ambas denuncias fueron rectificadas semanas atrás, prácticamente al mismo tiempo, y afectan al mismo proyecto, que es “Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de Puerto Indio”, ubicado en el distrito de Mbaracayú de Alto Paraná. Se trata de 66 viviendas, valuadas en G 4.700 millones, y cuya construcción está a cargo de la empresa Novaveg SA, representada por Mónica Mariel Sanabria González, pero que antes lo por era Vera Gamarra, según sus contratos firmados con el Estado y que están disponibles en el Portal de Contrataciones Públicas..
Cabe recordar que el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), Ley N° 3637, permite transferencias directas a los SAT, unidades que proponen a las personas de escasos recursos que serán beneficiarias del subsidio estatal y, por ende, de la casa propia una vez adjudicadas. También contratan a las constructoras y se encargan de las demás gestiones. Administran todo el dinero que el Estado otorga a la gente.
De esta manera, no es dato menor la denuncia de Avia, el representante de 66 familias, y el hecho de que la presentación de la misma coincida con el feroz incendio de la oficina del programa, sitio donde se encontraba el expediente afectado, la evidencia.
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Tampoco lo es el hecho de que el proyecto de G. 4.700 millones se encuentre a cargo de un mismo responsable como SAT y constructora, situación que la ley prohíbe. Al respecto, Pereira indicó que los grupos sociales eligen a la constructora, pero si es con independencia no hay modo de controlar.
“Hecha la ley, hecha la trampa”
Las primeras adjudicaciones del Fonavis datan del 2010. Desde entonces, el Estado realiza transferencias directas a SAT, vía rubro 800, sin mayor control ni transparencia que sí se da con Contrataciones Públicas, Ley N° 2051.
Recién este año se realizó una modificación a la Ley N° 3637 del Fonavis para endurecer requisitos a los proveedores y lograr una mayor trazabilidad. Además, se desarrolló una web de Monitoreo de Obras, que informa el estado de los proyectos, sus responsables y beneficiarios, pero se comprobó que no se visualizan documentos sensibles, como el diario de obras (documento donde hay detalles de la construcción y las firmas y nombres de los fiscales). Además, el portal es vulnerable a modificaciones, lo que no ocurre con el portal de Contrataciones.
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Hay mucho dinero para viviendas sociales. Solo como parte del plan de reactivación económica eran US$ 47 millones. El déficit habitacional y las facilidades de adjudicación para las viviendas sociales constituyen una herramienta atractiva para los políticos que ya se encuentran en carrera para las próximas elecciones y que buscan generar favores a cambio de votos
“Pedí pero nunca se aclaró (causa) del incendio”
El ministro Carlos Alberto Pereira dijo también que, “por suerte”, se había rescatado el expediente del proyecto Puerto Indio de Alto Paraná, documento que constituye una evidencia clave para aclarar el caso falsificación de firmas del presidente de la organización social, Fabio Avia.
“Pedí pero nunca se aclaró el incendio”, añadió. Señaló que desea conocer cuáles fueron las circunstancias o cómo se originó el siniestro pero no recibió respuesta. De esta manera, el ministro Pereira por primera vez opina de un tema que prefería evitar.
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Así, coincidió en señalar que resulta suspicaz un incendio de tal magnitud en la oficina que contenía el archivo del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis). En aquel momento, la extitular de esa cartera, Soledad Núñez, insinuó que las llamas fueron provocadas para que no quedaran evidencias de las irregularidades en las gestión del entonces ministro Dany Durand. El siniestro se registró cuando ABC denunciaba que las casas son más caras que las que figuraba en los papeles y, como parte de la investigación, se pedía documentos mediante el Portal de Acceso a la Información Pública (AIP).