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El presidente Mario Abdo Benítez, el 30 de septiembre pasado, había promulgado la Ley N° 6830/2021 “Que modifica el Artículo 142 de la Ley N° 1160/1997 ‘Código Penal y su modificatoria, Ley N° 3440/2008″, por la cual se establece una pena de hasta 10 años a los invasores de tierras privadas.
La decisión del jefe de Estado fue muy cuestionada por varios sectores sociales, debido a que la promulgación se dio de forma acelerada, luego de menos de 24 horas de haber sido sancionada la ley en el Congreso.
La bancada del Frente Guasu presentó este lunes un proyecto de ley para derogar la normativa. Argumentan que la ley “viola derechos y principios constitucionales de los pueblos ancestrales”, de acuerdo a lo informado desde el Senado.
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Un problema social
Desde el Senado también informaron que el líder de la bancada del Frente Guasu, Jorge Querey, refirió que la dificultad de las tierras es un grave problema social y no así un asunto criminal, por lo que se requiere de políticas públicas y no de la penalización con enfoque represivo de las invasiones por parte del propio Estado.
El senador Sixto Pereira explicó ante los medios de prensa que actualmente existe mucha desorganización en las instituciones públicas. Asimismo, señaló que es necesario el consenso político para encontrar los mecanismos que brinden una solución al tema en cuestión.
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Igualmente, el senador Sixto Pereira indicó que “criminalizar” la ocupación de tierras por parte de los indígenas no solucionaría el problema de fondo, sino representaría “el comienzo de desestabilidad social, ya que los mismos son dueños del territorio”.