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El proyecto de ley de presupuesto, sancionado por el Parlamento la última semana, prevé una serie de aumentos salariales, reajustes, recategorizaciones y creaciones de cargos que hacen que el gasto público se vuelva cada vez más rígido y consuma no solo gran parte de los ingresos genuinos, sino también los recursos provenientes del endeudamiento.
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Los datos preliminares indican que en el próximo año destinarán el 75% de la recaudación tributaria para pagar salarios, decisión que deja poco margen de maniobras al Ministerio de Hacienda, considerando que también debe pagar jubilaciones y pensiones, así como intereses de la deuda.
A modo de ejemplo, los servicios personales (salarios y otros beneficios previstos para funcionarios) costará el próximo año a los contribuyentes un total de G. 27,7 billones (US$ 3.973 millones), lo que implica un aumento de G. 2,1 billones (US$ 300,5 millones) con respecto al presupuesto vigente.
![PANORAMA PRESUPUESTARIO 2022](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com%2Fabccolor%2F25MS5P5ZZJHPVMGYWF3WQOP3UE.jpg?auth=0d0f066f087e06dd37f90d496636568c817ac4418769ceff833ee0156d06e760&width=770&smart=true)
Deuda para pagar salarios
Uno de los puntos más criticados por economistas del sector privado es que dentro del PGN 2022 se reprogramó G. 150.000 millones (US$ 21,4 millones) para financiar el reclamo salarial de los médicos del Ministerio de Salud Pública.
Estos fondos son parte de un préstamo otorgado al país y previstos inicialmente para la compra de medicamentos y vacunas, para enfrentar una eventual tercera ola de covid-19, pero por decisión de las autoridades de Salud Pública pasarán a cubrir contratación de personal, bonificaciones y aumento salarial por la vía de la recategorización.
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El uso de recursos obtenidos mediante préstamos o la emisión de bonos del Tesoro ya viene desde el año pasado, cuando por efecto de la pandemia y la paralización de las actividades económicas por cuarentena, cayeron las recaudaciones y se utilizaron fondos de la ley de emergencia sanitaria para cumplir con los salarios, jubilaciones y pensiones, e intereses de la deuda, que antes se financiaban con recursos genuinos del Tesoro.
Los datos del Ministerio de Hacienda revelaron que de los US$ 1.600 millones de préstamo de emergencia, con unos US$ 300 millones fueron a cubrir salarios públicos, US$ 51 millones a jubilaciones y US$ 75 millones al servicio de la deuda.
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Esta criticada práctica siguió en el ejercicio 2021 mediante la ley de consolidación económica y contención social. Según esta normativa, unos US$ 157,2 millones fueron previstos para jubilaciones y pensiones, así también se sigue pagando con fondos de deuda a una parte del personal contratado de salud.
Los gastos rígidos, principalmente salarios de funcionarios, son prioritarios a la hora de los pagos, por lo que otros gastos prioritarios quedan en un segundo plano, mientras que todo lo referente a las inversiones en infraestructura están sujetas a préstamos o emisión de bonos para su ejecución.