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El proyecto de ley de presupuesto, sancionado por el Parlamento la última semana, prevé una serie de aumentos salariales, reajustes, recategorizaciones y creaciones de cargos que hacen que el gasto público se vuelva cada vez más rígido y consuma no solo gran parte de los ingresos genuinos, sino también los recursos provenientes del endeudamiento.
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Los datos preliminares indican que en el próximo año destinarán el 75% de la recaudación tributaria para pagar salarios, decisión que deja poco margen de maniobras al Ministerio de Hacienda, considerando que también debe pagar jubilaciones y pensiones, así como intereses de la deuda.
A modo de ejemplo, los servicios personales (salarios y otros beneficios previstos para funcionarios) costará el próximo año a los contribuyentes un total de G. 27,7 billones (US$ 3.973 millones), lo que implica un aumento de G. 2,1 billones (US$ 300,5 millones) con respecto al presupuesto vigente.
Deuda para pagar salarios
Uno de los puntos más criticados por economistas del sector privado es que dentro del PGN 2022 se reprogramó G. 150.000 millones (US$ 21,4 millones) para financiar el reclamo salarial de los médicos del Ministerio de Salud Pública.
Estos fondos son parte de un préstamo otorgado al país y previstos inicialmente para la compra de medicamentos y vacunas, para enfrentar una eventual tercera ola de covid-19, pero por decisión de las autoridades de Salud Pública pasarán a cubrir contratación de personal, bonificaciones y aumento salarial por la vía de la recategorización.
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El uso de recursos obtenidos mediante préstamos o la emisión de bonos del Tesoro ya viene desde el año pasado, cuando por efecto de la pandemia y la paralización de las actividades económicas por cuarentena, cayeron las recaudaciones y se utilizaron fondos de la ley de emergencia sanitaria para cumplir con los salarios, jubilaciones y pensiones, e intereses de la deuda, que antes se financiaban con recursos genuinos del Tesoro.
Los datos del Ministerio de Hacienda revelaron que de los US$ 1.600 millones de préstamo de emergencia, con unos US$ 300 millones fueron a cubrir salarios públicos, US$ 51 millones a jubilaciones y US$ 75 millones al servicio de la deuda.
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Esta criticada práctica siguió en el ejercicio 2021 mediante la ley de consolidación económica y contención social. Según esta normativa, unos US$ 157,2 millones fueron previstos para jubilaciones y pensiones, así también se sigue pagando con fondos de deuda a una parte del personal contratado de salud.
Los gastos rígidos, principalmente salarios de funcionarios, son prioritarios a la hora de los pagos, por lo que otros gastos prioritarios quedan en un segundo plano, mientras que todo lo referente a las inversiones en infraestructura están sujetas a préstamos o emisión de bonos para su ejecución.