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El fiscal del caso, Juan Manuel Ledesma, explicó que ahora el Ministerio Público investiga al gobernador Hugo Javier González, en principio por lesión de confianza.
El agente informó que luego de un análisis previo de las primeras documentaciones y datos obtenidos, se pudo constatar que la Gobernación de Central transfirió alrededor de G. 50.000 millones entre el 2019 y 2020 a varias organizaciones sin fines de lucro entre las que aparecen “Plantemos Consciencia”, presidida por Esteban Álvarez y “Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) cuyo titular es Tadeo Álvarez.
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Para este fin fueron libradas 400 órdenes de pagos aproximadamente.
“Hubo transferencias en el año 2019 por la suma de G, 18.000 millones; en el año 2020 por la suma aproximadamente G. 30.000 millones. Son sumas realmente considerables y amerita que sea investigado el destino de dichos fondos”, argumentó Ledesma.
“Se pudo constatar que las mismas instituciones que habían sido beneficiadas con estas transferencias, también fueron beneficiadas con transferencias en el ejercicio 2020″, agregó.
Al término del procedimiento, el fiscal indicó: “Estamos llevando un caudal importante de documentaciones. Legajos que hacen a cada una de estas transferencias que fueron realizadas en los años 2019 y 2020. Dichos documentos serán objeto de análisis para verificar el destino de los fondos y dichas transferencias, y también si cuentan o no con el respaldo correspondiente”.
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Ledesma agregó que inicialmente esta causa fue tipificada como supuesto hecho de lesión de confianza teniendo en cuenta la falta de respaldo de una transferencia. “No obstante, se está realizando la verificación pertinente a los efectos de verificar si existen hechos con relevancia penal”.
Los intervinientes colectaron unos 400 biblioratos que deberán ser analizados.
El fiscal Ledesma, su equipo conformado por 17 personas pertenecientes a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y de Lavado de Dinero, y se retiraron de la Gobernación de Central a las 23:00, tras 15 horas de procedimiento.
Ahora el trabajo consistirá en cruzar los datos que ya obtuvieron para confirmar o descartar otros hechos penales. En el marco de esta investigación también ya visitaron los Centros Educativos Departamentales Municipales para verificación de documentos y testificales, ya que estas instituciones también recibieron millonarios recursos de la Gobernación.
Causal de intervención
Este hecho también es causal del pedido de intervención que fue gestado en la Junta Departamental de Central donde 12 concejales (10 liberales, uno de Patria Querida y un colorado) de 21 ediles, aprobaron dicho petitorio el pasado 8 de noviembre. El pedido ahora está en la Cámara de Diputados y la comisión especial conformada para el efecto iniciará con pesquisa este lunes con las primeras testificales.
Estas transferencias fueron objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Los auditores confirmaron la falta documental que respalda la transferencia de más de G. 18.300 millones, pero curiosamente no se animaron a denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sino que curiosamente recomendaron al gobernador de Central Hugo Javier González, cartista, “a realizar las diligencias pertinentes ante el Ministerio Público”, es decir, que se autodenuncie, ya que lo que se analizó fue su gestión.
Tras la insólita recomendación, siete concejales departamentales liberales realizaron la denuncia penal ante la fiscalía el 27 de octubre y dos días después, luego de duras críticas la Contraloría “comunicó” el hecho al Ministerio Público y remitió el informe final.
Hugo Javier y otras 14 personas ya están imputadas en otra causa por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Se trata de la ejecución de G.6.382 millones fondo covid donde aparecen facturas clonadas, que es investigada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said. Este caso también es causal de intervención.