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El plazo solicitado por el diputado Basilio “Bachi” Núñez vence el 9 de diciembre, a fin de que se trate con moción de preferencia el proyecto de ley de regulación de juegos de azar. De esta manera se trataría ante el plenaria la iniciativa que modificaría o reemplazaría a la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
Cabe recordar que desde 2019 existen dos propuestas de regulación de los juegos de azar. Una es de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, y la otra corresponde a la iniciativa parlamentaria y elaborada en colaboración con Javier Balbuena, extitular de esa comisión. Ambas fueron “desempolvadas” en medio de las críticas a la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la normativa vigente, con la Resolución N° 34/2020 de la mencionada comisión.
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Además, el senador Blas Llano también aprovechó para “rescatar” un proyecto de ley de regulación de tragamonedas, del 2019, que en esencia, ratifica lo dispuesto por la Ley N° 1016/97 de prohibir esas máquinas en sitios de libre concurrencia y endurece las sanciones en caso de incumplimiento. La propuesta fue aprobada y luego en Diputados, con modificaciones, por lo que volvió al Senado y sigue pendiente de tratamiento.
En medio de este contexto, se aceleró el tratamiento del proyecto de ley de regulación de juegos de azar que apunta a convertir la Conajzar en Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), con una serie de críticas de empresarios del rubro, quienes son los principales afectados.
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Al respecto, se intentó conversar con el diputado Núñez, la semana pasada prometió brindar una entrevista y en la jornada de hoy, indicó que su colega Justo Zacarías Irún brindaría las declaraciones al respecto. Tampoco respondió a ABC
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De esta manera, se desconoce cuál es la propuesta unificada del proyecto de ley de regulación de juegos de azar ni se brindan detalles al respecto, en medio de un clima de desconfianza hacia la iniciativa ya que proviene de Ortiz, quien mantiene vigente la medida de “legalizar” tragamonedas.
El Senado había denunciado ante el Ministerio Público su sospecha que la medida constituye la creación una estructura para obtención de recursos ilícitos y lavado de dinero, y la investigación se encuentra a cargo de la fiscala María Esefanía González. También se expuso ante la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que recientemente estuvo en el país para evaluar la eficiencia de la normativa en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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