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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, con los votos de las camaristas Bibiana Benítez Faría y Andrea Vera Aldana, resolvió declarar inoficiosa la impugnación planteada por la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz en contra de la inhibición del juez Humberto Otazú, en la causa que afronta el gobernador de Central Hugo Javier González junto a otras 14 personas, por supuesta lesión de confianza.
La magistrada Bibiana Benítez Faría señala en su voto que Otazú debió aplicar la resolución N° 8444 del 18 de noviembre de 2020, de la Corte Suprema de Justicia, que en su artículo 1° establece “ampliar la integración de magistrados que conformarán los tribunales y juzgados especializados creados según ley 6397″.
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En consecuencia, señala que corresponde remitir nuevamente el expediente al juez inhibido Humberto Otazú, a fin de que remita la causa a la juez suplente integrante de la nómina dispuesta por la citada resolución de la máxima instancia judicial; que son las juezas Cecilia Ocampos y María Elena Cañete.
La magistrada Andrea Vera Aldana se sumó al voto de su colega, mientras que el camarista Arnulfo Arias (preopinante) votó por rechazar la impugación y confirmar a la jueza Clara Ruiz Díaz para que entienda en la presente causal penal.
Con esta resolución del tribunal de alzada, ahora el juez Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú debe remitir el expediente a su colega Cecilia Ocampos, quien tendrá que decidir si atenderá la causa que investiga las “obras fantasmas” del gobernador Hugo Javier González en Central.
Imposición de medidas sigue pendiente
Mientras no se resuelva el Juzgado de Garantías que atenderá la causa seguirá pendiente la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares para los 15 procesados por supuesta lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó hace un mes la imputación y si bien pidió medidas alternativas a la prisión para los imputados, solicitó al Juzgado de Garantías que prohíba el ingreso de los mismos a la sede de la Gobernación de Central.
Según la imputación, de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación en diciembre de 2020, para contrarrestar los efectos de la pandemia del covid-19, Hugo Javier González repartió el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro. La fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud unos G. 1.276 millones.