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El viceministro de Trabajo, Luis Orué, reveló que actualmente solo alrededor del 2% de los trabajadores aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con más de 10 años de antigüedad o estabilidad laboral. Ayer, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, precisó que solo el 10% de estos llegan a jubilarse.
Según manifestó, una de las causas de esta situación es que existe un “tabú” por parte de los empleadores con respecto a la “inamovilidad” de los trabajadores que logren la estabilidad laboral.
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“El motivo principal es que ningún empleador quiere correr el riesgo de, llegados los 9 años y 6 meses que establece el Código Laboral para la estabilidad, tener a un empleado que se comporte distinto”, sostuvo.
“Un trabajador que llega a la estabilidad laboral y conoce ese derecho entonces empieza a llegar tarde o trabaja menos; esa experiencia que se tiene hace que el empleador tenga ese temor”, agregó.
Doble indemnización o despido vía juicio
Así también, Orué refirió que el otro punto que tienen en cuenta los empleadores con respecto a la estabilidad laboral es la “doble indemnización” al trabajador o la desvinculación solo mediante disposición judicial.
“Aparte de esa estabilidad se adquiere una doble indemnización por despido. Para despedir a un trabajador, el empleador tiene que iniciar un juicio porque la ley dice que debe hacerlo por causa justificada. Entonces, nadie quiere entrar en esa situación”, declaró.
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Combatir con información
El viceministro refirió que desde el Ministerio de Trabajo están buscando paliar los despidos previos al cumplimiento de la estabilidad laboral mediante capacitaciones, brindando información sobre los derechos laborales y sus alcances tanto al empleador como al trabajador.
“Estamos explicando hasta dónde llega el derecho de cada uno. Por ejemplo, que el empleador entienda que está establecido como un despido justificado el hecho que un trabajador con 10 años de antigüedad vaya a menos intencionalmente. También tratar de concienciar al trabajador que al obtener este beneficio no saque un provecho de ello”, mencionó.
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Orué también comentó que esta situación moviliza a algunos sectores que están planteando eliminar la “inamovilidad” debido a que argumentan que representa un impedimento para el trabajador. “Si se llega a comprobar que este beneficio, en vez de favorecer, afecta al trabajador, entonces es un tema a discutir”, expresó.