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“El allanamiento se hace en el marco de una investigación abierta por un informe, una auditoría que había realizado la Contraloría. Este informe fue con relación al periodo fiscal de 2019 y tiene relación con transferencias que fueron realizadas por la Gobernación de Central a varias instituciones educativas y privadas sin fines de lucro”, dijo Ledesma al referirse al procedimiento del Ministerio Público hecho este viernes por la mañana.
El agente explicó que, de momento, no existen documentos que respalden las transferencias entre “G. 18.000 y G. 19.000 millones” hechas por la gobernación en 2019. “También pudimos llegar a tener información de fuentes abiertas que en el año 2020 también se habían realizado transferencias a las mismas instituciones que habían sido beneficiadas con estos recursos”, añadió.
La intención del allanamiento es encontrar estos documentos respaldatorios y los controles que debió haber hecho la gobernación para saber cómo se gastó el dinero que se entregó a estas instituciones educativas y ONG.
De hallarse irregularidades en la documentación -como ya lo había detectado Contraloría- se ampliaría la imputación contra Hugo Javier y demás investigados, informó Gladys Villalba, periodista de ABC Color.
En 2019, la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez -un exárbitro de fútbol- recibió más de G. 6.300 millones; la Asociación Plantemos Conciencia, presidida por Esteban Álvarez, recibió más de G. 2.100 millones; el Consejo Regional de Salud fue beneficiado con más de G. 3.200 millones, los Centros Educativos Departamentales Municipales recibieron más de G. 3.700 millones, la Comisión Nacional de Organizaciones Populares recibió G. 248 millones, la Asociación Ecodesarrollo recibió G. 64 millones y la Asociación Promoviendo Desarrollo Sostenible – AVANZAR se embolsó G. 268 millones.
El mismo modus operandi habría usado el gobernador con el dinero que transfirió el gobierno central con los fondos por COVID, es decir US$ 1 millón que habrían sido despilfarrados.
Actualmente, también está en marcha un pedido de intervención de la Gobernación de Central, una medida aprobada por los concejales del departamento.