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En numerosas ocasiones se ha denunciado y criticado a organizaciones que prestan un supuesto “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad (MUVH), en el marco del programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis). El Fonavis permite transferencia directas, vía rubro 800, del MUVH a las “SAT” y durante la administración de Dany Durand, además de las críticas por falta de concursos, se cuestionaba la falta de control en la gestión.
Precisamente, la Contraloría confirmó sobrefacturaciones en obras de varios de estos organismos y que las casas son más caras de lo contratado al no cumplirse las especificaciones técnicas, entre otras irregularidades, que según se informó en su momento, representaban el presunto daño patrimonial de G. 90.000 millones a la institución.
Pero el caso de Cristian César Turrini Ayala va más allá de aquellas críticas. De hecho, él fue acusado recientemente por la incautación de 2.906 kilogramos de cocaína mimetizados entre carbón vegetal y que tenían como destino Bélgica, que ocurrió el año pasado. Agentes antidrogas detectaron la carga en un puerto de Villeta, en octubre de 2020, y por eso, Turrini, que está preso por esta causa, tiene mañana su audiencia preliminar por presuntamente ser el responsable de organizar y coordinar los envíos de cargamentos de carbón contaminados con la droga.
¿Qué garantía hay sobre las SAT?
Las “SAT” en teoría deben ser elegidas por los ciudadanos organizados que se postulan para recibir subsidios del MUVH, en el marco del Fonavis. Supuestamente, ellas subcontratan a constructoras, luego de comparar precios y elegir la mejor propuesta. En la práctica, eso no ocurre y se ha comprobado el manejo discrecional e irregular del dinero público.
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Precisamente, en setiembre de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) publicó su informe final de auditoría al ejercicio fiscal 2019 , que corresponde a la administración de Dany Durand, al frente del MUCV, y allí figuraba que Turrini Ayala recibió trasferencias directas como proveedor de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” del Fonavis, pese a que se encontraba inhabilitado y que el reglamento lo prohibía. De la misma manera, se beneficiaron la empresa Guardia Especializada en Seguridad (Gueese SA), de Gessica Viviana Díaz Ruiz Díaz; así como las firmas unipersonales de Freddy Diosnel Rolón, Cristhian Manuel Araújo y Miguel Ángel Patiño Chávez, al recibir recursos sin estar habilitados como SAT. Esta y otras irregularidades fueron derivadas al Ministerio Público (MP) para su investigación.
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Ninguna imputación
El caso de droga no es el único en el que está involucrado Turrini. También hay otra causa relacionada a las viviendas del Fonavis durante la gestión de Durand. Justamente, seis meses después de la publicación del citado informe de la Contraloría General de la República, y luego de la publicación de la prensa de que los hallazgos de la CGR iban rumbo al “oparei”, en marzo último, el MUVH lo denunció ante el Ministerio Público. Estuvo a cargo de la fiscala Sussy Riquelme y desde junio pasado, de la fiscala Alma Zayas. Esta última afirmó que cuatro observaciones fueron destacadas por la denunciante y se encuentra en etapa investigativa y confirmó que no realizó ninguna imputación.
Los frentes de investigación de Fiscalía, sin resultados
Zayas describió que las averiguaciones son relativas al cobro de SAT inhabilitadas, que “sería sólo una falta administrativa”, recepción definitiva de obras que no cumplieron las especificaciones técnicas, que podría tipificarse como “estafa” de las SAT en connivencia con funcionarios que se encargan de las verificaciones, y la falta de gestiones para recuperar los préstamos. “Tengo que revisar si la Dirección Jurídica realizó las gestiones y notificó o no al exministro (Dany Durand) para conocer su responsabilidad”, dijo.
Zayas alegó que eventualmente debe imputar con los cuatro aspectos verificados, porque si imputa sólo uno, “quedaría como estoy conforme con los demás aspectos observados por Contraloría”, argumentó. Agregó que el expediente es bastante voluminoso.
Al ser requerida si ya pidió los documentos al MUVH, respondió que no.
Las obras abandonadas de Turrini
Conforme al archivo del MUVH, cuyo titular actual es Carlos Alberto Pereira, Cristian César Turrini Ayala fue proveedor de la cartera como SAT del 2013 al 2017, pero siguió recibiendo fondos en 2019 con Durand al frente de la cartera. Tuvo a su cargo la construcción de 485 viviendas sociales distribuidas en 13 proyectos en Santa Rosa (Misiones), Mbuyapei (Paraguari), Hernandarias (Alto Paraná), Buena Vista (Caazapá), Mcal. López (Caaguazú), Ñemby y San Lorenzo (Central).
Entre los citados proyectos, el de Caaguazú, que era de 42 casas, tenía precio de contrato de G. 2.932 millones. En este caso, los beneficiarios se habían trasladado hasta la capital a mediados del 2019 para exigir la culminación de las obras del MUVH, en ese entonces dirigido por Dany Durand. Denunciaron que las obras estaban abandonadas tras un avance de apenas 8%. En ese momento, se recordó que Turrini estuvo involucrado y se abrió una carpeta por posible lesión de confianza por el aparente mal uso de G. 16.000 millones, que le pagaron a Turrini por obras que después abandonó.
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