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Mariano Sopeña (26), ciudadano paraguayo de procedencia española, es uno de los herederos de la propiedad de 4,5 hectáreas ubicada sobre la calle Leonismo Luqueño del Cuarto Barrio de Luque.
El miércoles, mientras Sopeña se encontraba fuera de la propiedad, fue alertado por un vecino de que varias personas ingresaron al inmueble, donde vivía con sus padres y hermano desde hace más de 20 años, con camiones de gran porte ypara sacar sus pertenencias.
Sopeña fue hasta el lugar en compañía de su abogado Marco Bogado y fue recibido por un oficial de justicia de nombre Jorge Alberto Thompson.
Thompson exhibió un mandamiento supuestamente firmado por la actuaria judicial Mouriel Vera y la jueza de Paz Fátima María Luisa Vera del distrito de la Catedral, Asunción, el 23 de abril de este año.
La comunicación del desalojo a la Comandancia de la Policía Nacional, firmada por Thompson, tiene como fecha el 20 de octubre de este año.
El desalojo sería el resultado de un supuesto juicio hecho en Asunción, en la causa caratulada “Ema Nilza Turo Martínez c/ Formasa SA”, donde supuestamente habría presentado un pagaré falso, tal como ya lo hicieron otras personas en otras dos causas.
Inicialmente el aparente pleito fue demandado en Luque, pero inexplicablemente fue a parar a Asunción.
“No tenemos idea de quién es Ema Nilza, tranquilamente podría ser otro peón del verdadero interesado”, expresó Bogado.
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Formasa S.A., era una inmobiliaria de Ángel Sopeña, padre de Mariano Sopeña, quien falleció en 2019.
Los afectados sospechan que desconocidos buscan apropiarse del inmueble de casi cinco hectáreas. Sospechan del clan González Daher, pero hasta el momento no lograron identificar al verdadero coordinador de las maniobras.
En enero de 2020, la propiedad fue intervenida por la Fiscalía de Luque por procesamiento ilícito de residuos, luego que la Municipalidad de Luque denunciara que el lugar era un criadero de mosquitos.
La familia Sopeña debía 100 millones de guaraníes en concepto de impuestos inmobiliarios y tuvo que pagar una multa de 280 millones por el proceso judicial.
Sin embargo, fuentes aseguraron entonces que la verdadera intención de la Comuna era llevar a remate el inmueble porque supuestamente el intendente Carlos Echeverría (ANR, Partido Colorado) estaba interesado en el terreno.
La propiedad está ubicada sobre las calles Leonismo Luqueño y Felipe González, a 200 metros del tramo General Aquino y el acceso a la Fuerza Aérea.
Intentamos consultar con el intendente Echeverría pero no atendió nuestra llamada.
La demanda fue hecha en Luque
Bogado indicó que, según los datos que maneja, la causa originalmente habría iniciado en el Juzgado de Luque.
La demanda fue hecha por Ema Nilza Turo Martínez (66 años), quien figura como funcionaria contratada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde funge de auxiliar administrativa.
Llamativamente, el mandamiento supuestamente firmado por la jueza Fátima Vera el 23 de abril de este año está completado a mano. El defensor de la familia afectada manifestó que posiblemente el documento fue falsificado.
Marco Bogado agregó que hoy fue al Juzgado de Paz de Asunción, donde supuestamente se llevó a cabo el juicio, donde funcionarios refirieron que el expediente caratulado como “Ema Nilza Turo Martínez c/ Formasa SA” no existe.
La actuaria Mouriel Vera está de viaje fuera del país y la jueza Vera falleció en mayo de este año.
“El inmueble de 4.5 ha. ubicado en Luque está valuado actualmente en más de US$ 4 millones, sin embargo, se ordenó su desalojo en un Juzgado de Paz que solo puede juzgar en casos de hasta G. 25 millones”, expresó Bogado.
El profesional añadió que “el mandamiento de desahucio proviene de un Juzgado en el que hay gente procesada por haber falsificado reiteradas veces la firma de la jueza (ya fallecida) y de la secretaria”.
“Nosotros tenemos el título de propiedad y según informes de Registros Públicos la propiedad sigue inscripta a nombre de la empresa familiar, Formasa S.A., por lo que de ninguna forma podría proceder un desalojo. Además, no hay embargos ni anotación de litis respecto al supuesto juicio de desalojo del cual nadie sabe nada en el Juzgado de Paz, donde niegan conocer de un caso en Luque, fuera de su jurisprudencia”, dijo Marco Bogado.
Otras causas sobre el inmueble
Marco Bogado explicó que además de este supuesto juicio existen otras dos causas litigadas por diferentes personas, de las cuales la familia Sopeña tampoco tenía conocimiento.
“También demandaron con un pagaré de más de G. 3.000 millones que también es falso y por el cual fue apresado y procesado Denis Santiago Giménez Cardozo, un dirigente estudiantil de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Un joven de 20 años que vivía en un inquilinato. El mismo demando por más de G. 3.000 millones con el objeto de quedarse con la propiedad”, explicó el abogado de Sopeña.
En la casa de Giménez fueron encontrados sellos y documentos apócrifos atribuidos a Formasa.
En la otra causa el demandante es un hombre llamado Alberto Mendoza Cuevas, quien habría presentado un pagaré falso por US$ 870.000. Precisamente un día antes del desalojo fue confirmado en el Juzgado de Luque por tres peritos que la firma atribuida a un supuesto representante de la Formasa SA, era falsa.
“Esta mafia político-judicial, en el pasado ya ha demandado con un simple y vulgar pagaré Duson de US$ 870.000 presentado por Alberto Mendoza Cuevas. El día anterior del desalojo, tres peritos, incluido el suyo, dictaminaron que la firma en el pagaré con el que pretendían quedarse con la propiedad es falsa y se trata de documentos fraguados”, dijo Bogado.
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Jueza falleció en mayo
La magistrada Fátima María Luisa Vera de López falleció en mayo de este año, de acuerdo a las exequias de fecha 28 de mayo publicadas en ABC Color, donde los miembro del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral de la Cooperativa Universitaria, además de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, la Facultad de Derecho, entre otros, expresaron sus respectivas condolencias.
Dueño de la propiedad era español
Formasa S.A. es una inmobiliaria que pertenecía a Ángel Sopeña de profesión ginecólogo y pionero en la congelación de óvulos y en operaciones de sexo. Sopeña y su familia llegaron a Paraguay en 1987 y el médico compró la propiedad en 1991.
“Mi papá quería abrir la primera clínica de fecundación in vitro del Paraguay. Trajo todo el equipo. Validó su título y trabajó por dos años en el hospital regional de Luque y como voluntario en la cárcel del Buen Pastor atendiendo a las reclusas de manera gratuita, era ginecólogo. También trabajo con la Comunidad Europea diseñando los planos de hospitales que se construyeron con subvenciones de la UE y de la Reina Sofía de España. Pero al final decidió dedicarse a labores de conservación forestal. Creó reservas de lapacho negro en Mbururú, Caaguazú, hoy invadidas y deforestadas, así como en la cuenca del Arroyo Yukyry, Areguá”, dijo Mariano Sopeña.
Ángel Sopeña falleció a los 76 años en 2019. Desde entonces, varias personas intentaron apropiarse de la propiedad de casi cinco hectáreas, rica en vegetación.
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