Juez fija fecha para decidir si eleva o no a juicio caso de denuncia por desacato de un padre

Una campaña a favor de la restitución de un menor a su madre tiene un nuevo capítulo en el Palacio de Justicia. Hoy, el juez Rolando Duarte fijó para el 22 de diciembre la audiencia preliminar para el padre, que fue imputado por desacato, y así conocer si el caso irá a juicio oral y público. Varias personas con pancartas exigen que la Justicia caiga sobre el padre. Como medida cautelar, un Juzgado dictó una resolución para que el menor sea devuelto a su hogar. Dicha resolución no fue cumplida por el papá hasta la actualidad.

Protesta pidiendo justicia para Clarisse frente al Poder Judicial de Asunción.
Protesta pidiendo justicia para Clarisse frente al Poder Judicial de Asunción.Gustavo Machado, ABC Color

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“Clarisse debe estar con su hijo” se denomina la campaña que cobra fuerza, pues se reclama por los derechos de la infancia del país. En este caso, la madre es Clarisse, que viene luchando por recuperar a su hijo de 10 años que permanece con su padre. Hace más de un año que el menor está separado de su progenitora.

Convocatoria con pancartas en la explanada y escalera de acceso al Palacio de Justicia.
Convocatoria con pancartas en la explanada y escalera de acceso al Palacio de Justicia.

Aguardando que se fije la audiencia preliminar para el progenitor, en la explanada se manifestaron con carteles en que rechazaron la manipulación a la conciencia del niño y solicitan que el hecho sea considerado un delito.

También indican que la mamá quiere pasar la Navidad con el menor y que sus hermanos y sus abuelos le están esperando.

Otro de los puntos de protesta es que la obstrucción parental es violencia hacia el niño. El mensaje va directo a los juzgados de la niñez.

La obstrucción parental es violencia a la niñez, sostienen los manifestantes.
La obstrucción parental es violencia a la niñez, sostienen los manifestantes.

Finalmente, esta mañana, el juez Rolando Duarte dictaminó que la audiencia preliminar para definir si el proceso va un juicio será este 22 de diciembre a partir de las 09:30. Duarte aclaró a ABC que la fiscala Alejandra Sarvognan entregó recién hoy la carpeta con la acusación.

Según los organizadores del pedido de justicia para Clarisse, el padre no tiene disposición judicial para retener al niño de manera exclusiva y no respeta las órdenes judiciales que disponen que este niño vuelva a su casa con su mamá y sus hermanos.

Otra parte del comunicado indica que el niño vivió desde su nacimiento con la madre, quien tenía la convivencia del menor. El padre, a su vez, lo veía de manera regular, de acuerdo con el régimen de relacionamiento consensuado entre ambos padres, hasta que decidió no retornarlo más a su hogar.

A raíz de este hecho, en el juicio la madre realizó una denuncia por la violación del régimen.

La protección a la infancia, es otro de los reclamos.
La protección a la infancia, es otro de los reclamos.

Como medida cautelar, el juzgado dictó una resolución para que el menor sea devuelto a su hogar. Dicha resolución no fue cumplida por el padre, por lo cual en agosto de 2020 la jueza del menor remitió los antecedentes del caso a la jurisdicción penal, a fin de que el padre sea procesado por el hecho punible de desacato.

Juez ya había emplazado al padre

El 25 de octubre último, el juez penal de garantías Rolando Duarte emplazó por segunda vez al padre para que entregue al menor a la madre. El nuevo plazo fue el 1 de noviembre.

Rolando Duarte, juez penal de garantías.
Rolando Duarte, juez penal de garantías.

La familia considera el acto del progenitor como una alienación parental. El magistrado había sido confirmado en la causa por un Tribunal de Apelación, luego de que el denunciado lo recusara.

La representación legal del padre negó que el niño esté “secuestrado” y afirmó que supuestamente es el pequeño el que no quiere volver con la madre.

Padre se expone a pena carcelaria de 6 meses a 2 años o multa

Según la ley Nº 4.711 que sanciona el desacato de una orden judicial, la persona que incumpla la resolución de la autoridad competente será castigado con la cárcel entre 6 meses a 2 años o deberá pagar una multa.

En otra parte refiere que si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años.

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