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Dicho informe se presentó ayer en el salón Fundadores del Gran Hotel del Paraguay, en el que un equipo de Amnistía Paraguay detalló el trabajo de investigación realizado por el término de tres años. A partir de la fecha, los resultados están a disposición de las autoridades nacionales y de las organizaciones que defienden los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
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La investigación abarca gran cantidad de entrevistas a profesionales de la salud y otras área y a las familias afectadas. No realizaron entrevistas a las niñas y adolescentes. Justamente para no volver a exponerlas a más dolor y sufrimiento.
Pero los profesionales si comentaron que muchas de ellas no quieren tener ese bebé, no quieren amamantar y desean volver a su vida de antes e ir a la escuela.
El informe de Amnistía Internacional Paraguay fue presentado por la directora ejecutiva de la organización Rosalia Vega y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Ambas hoy tienen varias reuniones con diferentes instituciones del Estado.
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Situación desoladora
Erika Guevara mencionó que es una situación desoladora y monumental la situación de absoluta soledad y desamparo en la que se encuentran las niñas y adolescentes en Paraguay. Y es sumamente preocupante la cantidad de niñas menores de 14 años que quedan embarazadas y son obligadas a dar a luz.
Hablaron que de cada dos casos registrados, hay un subregistro de 10 casos más. “El Estado reconoce pero no atiende la problemática, y es evidente la crisis en derechos humanos que enfrenta el país ante una clara falta de voluntad política y recursos públicos para hacer frente a este problema”, dice Guevara.
“Ademas de una negativa a implementar una educación sexual integral en las instituciones públicas. Entonces, el Estado no asume su responsabilidad de proteger a las niñas y adolescentes, si no más bien van normalizando está dolorosa situación” agrega.
Por su parte, Rosalia Vega dijo que hay que trabajar para cambiar está sociedad y que Amnistía cree que es por el camino de la educación, más acceso a la educación, a la educación sexual integral y que funcionen las instancias de protección ya que prácticamente se encuentran sin recursos y sin personal especializado.
Datos alarmantes
“Son las niñas y adolescentes pobres quienes están sufriendo todos los días y están siendo obligadas a seguir viviendo con su abusador ya que muchas de ellas según datos del MSPBS están siendo madres por segunda vez a los 14 o 15 años”.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud y Niñez: Todos los días una media de 2 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. El 80% de los casos de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes tienen lugar en el entorno familiar.
Más de 1.000 niñas de 14 años y menos, dieron a luz entre 2019 y 2020 en Paraguay, aunque el aborto está permitido cuando la vida de la gestante corre peligro, la Ley rara vez se aplica.
Más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años también dieron a luz en 2019.
Hogares infantiles otras formas de violencia
El informe dice que las niñas y adolescentes son obligadas a ser madres en hogares infantiles. Un reducido número de niñas que resultan embarazadas como consecuencia de una violación sexual y aquellas que se encuentran en situaciones de abuso, terminan viviendo en hogares infantiles en Paraguay.
Siempre de acuerdo al informe, estos hogares suelen estar gestionados por instituciones religiosas privadas que no son supervisadas de forma efectiva por el Estado, lo que pone a las niñas en grave peligro de sufrir violaciones adicionales de derechos humanos.
El estudio agrega que en los hogares no hay un abordaje integral: no hay reintegración después del tiempo en el hogar, en su comunidad o en otra parte del país. Sólo se enfocan en la maternidad. La atención en salud está restringida al tema del parto y la recepción pediátrica.
Además, la información que se proporciona a las niñas sobrevivientes es nula o demasiado limitada para permitirles tomar una decisión informada sobre su futuro o sobre las distintas opciones de embarazo que tienen, incluida la de que el bebé sea entregado en acogida o adopción. Por el contrario, la investigación revela que a las niñas se les exige asumir la maternidad, se las obliga a amamantar y cuidar al bebé, aún cuando expresan que no quieren tener ningún tipo de vínculos.
Futuro incierto y capacidad limitada
“El futuro es muy incierto, pero tienen seguro que quieren seguir estudiando. No pierden de vista el futuro que desean, pero su situación actual les obliga a trabajar. No tienen de otras que asumir de ser madres. No dan en adopción por el peso moralista. Hay un total abandono del Estado”, declaraciones de un psicólogo clínico consignado en el informe.
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En otro momento, el documento revela que existe una insuficiencia de recursos en los sistemas de salud comunitarios. Hay más 800 Unidades de Salud de la Familia (USF) distribuidas en todo el país.
Abarcan entre 3.500 y 5.000 personas de zonas económicamente desfavorables y se compone de un equipo multidisciplinario de profesionales, que realizan visitas domiciliarias.
Sin embargo, no siempre pueden cumplir sus objetivos porque están saturados de trabajo y tienen que priorizar programas esenciales, como el saneamiento y la prevención de enfermedades crónicas.
“No es bueno que haya tantas psicólogas que intervengan y con tantos objetivos diferentes y a veces contradictorios. Unas quieren información para el juicio oral, otras quieren hacer una atención clínica, otras quieren obligarlas a vincularse con el recién nacido”, dijo una psicóloga clínica.