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La Cámara Paraguaya de Juegos de Azar y las asociaciones paraguayas de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) y Operadores de Juegos de Azar (Apoja) cuestionaron que la Cámara de Diputados trate con moción de preferencia el proyecto de ley de regulación el juegos de azar el próximo 9 de diciembre. Esta situación se da tras aprobarse la moción de preferencia planteada por el diputado Basilio “Bachi” Núñez.
Los empresarios remitieron una nota a la diputada Kattya González para solicitar su acompañamiento a su postura crítica a la propuesta que pretende modificar o reemplazar la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar de conformidad con “el avance de la tecnología y la tan necesaria descentralización administrativa”. Destacaron que es necesario pero que esta iniciativa no estimular el desarrollo de una industria del juego, sino que más bien un “stock de privilegios y derechos”.
Se trata del documento presentado en 2019 por el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, y apunta a convertir la comisión en Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar).
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Los representantes de los gremios argumentaron que la iniciativa no contiene datos cualitativos ni cuantitativos que lo sustenten como ley justa, igualitaria y competitiva, que promueva la inversión privada y sea generadora de fuentes de trabajo. Agregaron que se viola el principio de igualdad ante la ley al establecer diferencia tributaria y la libertad de competencia, al mantener el monopolio de la concesión de la quiniela; centralización del otorgamiento de las licencias y la posibilidad de establecer casinos en todos los departamentos del país, sin saber si el mercado es capaz de soportarlo.
Otro aspecto que les preocupa es la centralización del poder en una institución, sobre todo en momento de tanta desconfianza con el precedente de la ley vigente y el contrato que faculta la “legalización” de las tragamonedas en locales de libre concurrencia, lo cual está prohibido por las normativas vigentes.
Sin control de Contrataciones Públicas
Los empresarios cuestionaron que el “proyecto Ortiz” carece de mecanismos que garanticen participación y transparencia, ya que la propuesta actual no se somete a la legislación de compras públicas y el control de Contrataciones Públicas. El presidente de Conajzar estipuló “autonomía en redactar las reglas de los procesos licitatorios y ser el ente que realiza y supervisa posteriormente el llamado, sin intervención de demás órganos de control establecidos en licitaciones públicas. No define los parámetros técnicos sobre los cuales se evaluarían las mencionadas concesiones”, indicaron.
Tampoco se incorpora un representante del sector privado en el consejo directivo, tal como se registra en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Comisión Nacional de Competencia (Conacom).
Diversas acciones realizadas
Los gremios de rubro de juegos de azar aseguraron que recurrieron a varias instituciones públicas para impedir que el proyecto de ley se trate la próxima semana en plenaria, y citaron la presentación en las comisiones asesoras el pedido de prórroga de seis meses el tratamiento y pedidos de reunión con los representantes de los mismos. Aseguraron que su objetivo es discutir la propuesta con los afectados, que son ellos.
Sobre estos puntos se intentó conversar con los diputados Núñez y González, pero no se tuvo respuesta.
La semana pasada, el diputado “Bachi” había prometido una entrevista sobre su interés en tratar en la brevedad lo que sería la nueva ley de regulación de juegos de azar y desde entonces ya no respondió a ABC.
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