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El agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Osmar Legal, anunció que solicitará una pena carcelaria para Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, en el grado de gravedad que tiene la presente causa por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
En entrevista exclusiva con ABC el agente del Ministerio Público indicó que también insistirá en el pedido de comiso de bienes de los acusados, por la suma de G. 58.493.632.102, teniendo en cuenta que ese es un golpe financiero a este tipo de estructuras criminales y porque ese debe ser el norte de la unidad fiscal de UDEA, ya que el dinero quedará en las arcas del Estado.
En relación a otros presuntos hechos punibles cometidos por el clan González Daher, el fiscal Legal admitió que también analizó la posibilidad de una persecución por asociación criminal, pero como este tipo penal exige que sean como mínimo tres personas las implicadas en el esquema, se limitó a la usura y lavado de dinero porque solo participaron padre e hijo en esos hechos.
No obstante, resaltó que no está fuera de análisis la posible persecución penal por asociación criminal, pero aclaró que ya sería en una nueva causa. Agregó en ese sentido que existen otras cinco denuncias en contra de Ramón González Daher que el Ministerio Público está investigando.
“Es una causa de mayúscula importancia para el país en sí. En el juicio oral probamos cómo se valían del estado de necesidad no solo de personas humildes o de mediano porte económico sino también de gente que uno no pensaría que tendría la necesidad de recurrir al señor Ramón González Daher”, manifestó Legal.
Detalló en ese sentido que encontraron préstamos usurarios de 4 millones de dólares, lineas de créditos de US$ 30 millones de dólares, lo que demuestra que financieramente hablando, el poder económico que tenía el clan es inmenso.
El agente fiscal recordó que el tema de los préstamos usurarios era un secreto a voces, ya cuando el Ministerio Público estaba investigando el enriquecimiento ilícito del entonces senador colorado Óscar González Daher (fallecido en octubre), quien era el brazo político del clan luqueño, según afirmó el propio Legal.
Destacó además que al iniciar la investigación Ramón González Daher y su hijo retiraron todo el dinero que tenían en el sistema financiero internacional, ya que ambos tenían cuentas en el extranjero, pero llamativamente las mismas fueron cerradas poco antes de la apertura de esta causa.
Fiscales y jueces serían investigados
Consultado sobre la presunta complicidad de agentes del Ministerio Público y jueces con el clan familiar, para el apriete a las víctimas de usura, Legal indicó que “lamentablemente se prestaron a la estructura criminal” y que cada quien es responsable de su actuar. No descartó que los fiscales y magistrados sean incluidos en las causas que serían abiertas una vez que finalice el presente juzgamiento.
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Resaltó que la auditoría hecha por la Secretaría de Estado de Tributación es una de las pruebas claves en este juicio oral, teniendo en cuenta que demuestra que Ramón González Daher y su hijo ingresaban al sistema financiero sumas de dinero que excedían lo que ellos declaraban.
Flojo control del Estado sobre lavado de activos
El fiscal de UDEA puntualizó que entre el año 2013 y 2018 el clan González Daher movió cerca de G. 7 billones y cuestionó que las instituciones encargadas del control no hayan alertado sobre las operaciones sospechosos del clan usurero.
“Mi sospecha es que hubo una desidia de los organismos de prevención de lavado de dinero en el país, porque no controlaron los movimientos millonarios que hacía el clan González Daher, a veces en un solo día. Los bancos estuvieron bastantes abiertos a no controlar de manera eficiente las transacciones que hacían los acusados”, enfatizó.
Legal agregó que en este tipo de investigaciones siempre hay un acompañamiento y un apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.
Las víctimas, lo más impactante del caso
Mirando todo el trabajo realizado a lo largo de esta investigación el agente fiscal aseveró que lo que más golpea y da la sensación de que uno tiene que perseguir estos hechos son las declaraciones de las víctimas, ya que varias de ellas se quebraron al contar su historia de cómo perdieron todo, incluso sus empresas, a causa de los préstamos usurarios.
“Lo que más duele es verle al ser humano llorar porque perdió todo, esa es la arista que más duele en esta causa, pero también la que da el mayor impulso para que los responsables tengan el castigo que merecen”, finalizó.
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El juicio oral y público, que inició hace casi tres meses, llegaría a su final la próxima semana, teniendo en cuenta que en la audiencia de este miércoles 1 de diciembre brindarán su testimonio las ocho víctimas convocadas por el tribunal como medida de mejor proveer y que la etapa probatoria terminaría el sábado, con las últimas documentales.
El juzgamiento está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Claudia Criscrioni (presidenta), Yolanda Portillo y Yolanda Morel.