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Funcionarios contratados o por “transferencia” de la Gobernación de Central, a cargo del imputado Hugo Javier González (ANR), cartista), eran obligados a presentar facturas a nombre del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, detalla el acta de imputación de la fiscalía. Se habla de una práctica común dentro de la institución departamental.
La documentación de los trabajadores, en su mayoría por servicios personales, aparecieron como proveedores en la primera rendición de cuentas presentada el 25 de mayo de 2021 por la ONG y el jefe departamental para rendir los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por covid. Algunos de los comprobantes eran de Orlando David Peralta Escurra, Osvaldo Luis Cristaldo Ruiz Díaz y Luz Diana Garcete Benítez.
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La pesquisa preliminar del Ministerio Público señala que los trabajadores reconocieron la emisión de los comprobantes aunque nunca prestaron servicios para la fundación CIAP, sino eran funcionarios de la institución departamental. “La señora Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la institución, era quien les habría solicitado que emitieran sus facturas a nombre de la fundación para poder cobrar sus sueldos, así como muchos otros funcionarios que se encontraban en esta situación”, según la documentación fiscal.
Agrega que “todos estos funcionarios por transferencia coincidieron en que presuntamente la modalidad de trabajo en la que se manejaban era práctica común dentro de la Gobernación y que todos los jefes, incluidos aparentemente la señora Lourde Verónica González Decoud (secretaria general) y el propio Hugo Javier González Alegre, estaban al tanto de que se les solicitaba que sus facturas sean emitidas a nombre de la fundación CIAP así como de otras asociaciones”.
Reemplazados
Los comprobantes de los funcionarios contratados forman parte de la documentación reemplazada el 18 de junio de 2021 por la ONG CIAP y la Gobernación de Central en la “rendición de cuentas oficial” o rectificada. Esto, luego de las denuncias de clonación de facturas y en plena investigación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Precisamente, ambas instituciones en su informe final también confirmaron la utilización de facturas de funcionarios para justificar el uso de los recursos transferidos para la reactivación de la economía del departamento Central.
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Un rosario de evidencias como causal
El acta de imputación contra el gobernador y exanimador de fiestas Hugo Javier González (ANR, cartista) por lesión de confianza, asociación criminal y otros es una de las causales del pedido de intervención de su gestión. En el documento se relata un rosario de irregularidades en el manejo de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por el covid.
Algunas de las anomalías más evidentes son la firma del convenio con CIAP pese a no estar habilitada por estatuto, clonación de facturas y la emisión de cuatro cheques por G. 5.105 millones de los fondos, cuando debía ser transferido en una cuenta bancaria. Esto último permitió borrar “ruta del dinero público”.
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