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La Coordinadora de Abogados del Paraguay y Somos Anticorrupción Paraguay solicitaron al presidente de la Corte César Manuel Diesel que ordene una auditoría para investigar la actuación de los miembros del tribunal de sentencia integrado con los jueces Javier Sapena Bibolini (presidente), Leticia Fracchi Vargas y Ana Carolina Silveira (miembros titulares).
Los citados magistrados emitieron el Auto Interlocutorio N° 1046 del 10 de noviembre de 2021 por el que resolvió declarar interrumpido el presente juicio oral y público en la causa penal N° 78/2015 caratulado: “Froilán Enrique Peralta Torres y otros s/ cobro indebido de honorarios y otros”.
Los miembros de este tribunal de sentencia dispusieron además, “remitir estos autos al miembro suplente respectivo a los efectos de realizar de nuevo el juicio oral y público desde su inicio por el tribunal correspondiente...”, luego de haber transcurrido más de 10 días de suspensión de la citada audiencia pública que se venía desarrollando a “cuentagotas”, refieren.
“Que el tribunal colegiado de sentencia de referencia en el expediente up supra mencionado ha suspendido en varias oportunidades el juicio oral sin mayores argumentaciones, llegando al punto de poner en riesgo el juicio propiamente dicho con la resolución de ordenar la interrupción y reenvío a otro tribunal colegiado de sentencia para iniciar nuevamente el juicio oral. Esta irregular situación pone en riesgo el proceso penal que tuvo su origen en el año 2015…”, señala el escrito que ambas organizaciones civiles elevaron al ministro Diésel.
Sobre la interrupción del juicio oral
Artículo 374. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. El tribunal decidirá la suspensión, y anunciará el día y hora de la nueva audiencia y ello valdrá como citación para todos los comparecientes. El juicio continuará después del último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión. Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. Los jueces y los fiscales podrán intervenir en otros juicios durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida lo contrario, por resolución fundada, en razón de la complejidad del caso. Si la audiencia no se reanuda, a más tardar, el undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido el juicio y será realizado de nuevo desde su inicio. La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el juicio, salvo que se resuelvan dentro del plazo de suspensión.
Como se puede leer en la norma trascripta, el artículo 374 del Código Procesal Penal no dispone que el tribunal de sentencia deba remitir las actuaciones del proceso penal iniciado en juicio oral a otro tribunal de sentencia, sino que se debe iniciar de nuevo la audiencia pública, una vez que se haya interrumpida la misma cuando al undécimo día no se reanudó el juicio.
El hecho
El exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Enrique Peralta fue acusado por causar un presunto perjuicio de unos G. 1.225 millones. Su exjefa de Talento Humano, María del Carmen Martínez (conocida como la comepapeles) está procesada por apropiación y estafa y le responsabilizan de haber pagado con dinero de la UNA a cuidadores de su casa.
Tras manifestaciones de estudiantes de la UNA, el Ministerio Público intervino e investigó las supuestas irregularidades, y luego imputó a Peralta por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, y a Martínez por apropiación y estafa.
La causa ya tiene 6 años de iniciado el proceso penal, y sigue dilatándose debido a las chicanas y a la falta de aplicación de medidas disciplinarias a los chicaneros.
El fiscal de la causa es de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Luis Said.