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El intendente local, Luciano Cañete, decidió retirar su pedido de autorización para la “contratación de empréstito”. Anunció que va a utilizar la autorización Nº 392/2021, que la Junta Municipal anterior había aprobado el “préstamo en calidad de urgencia”. Pero dicha autorización era solo para pago de salario de funcionarios y pago de dieta a concejales y no para pagar al Ministerio de Hacienda, Gobernación de Paraguarí, a la Dirección Nacional de Catastro y a Caja de Jubilaciones y Pensiones.
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El concejal Enrique González Quintana (Partido de la Juventud), dijo que es irregular el préstamo que se quiere realizar porque no existen antecedentes de que el Ejecutivo haya solicitado en su momento la reprogramación del presupuesto municipal, que asciende a más de G. 10.700 millones. Tampoco previó en dicho presupuesto que está vigente los imprevistos para solicitar préstamos.
El concejal municipal dijo que el pedido de la “contratación de empréstitos” solicitado por el intendente se giró a las comisiones de Hacienda y Presupuesto para su estudio y consideración. Y estaba para estudiarse, pero de manera informal en los pasillos ya se habló con algunos concejales, quienes no estaban de acuerdo con esta solicitud de préstamo, porque había cosas que aclarar. Pero ahora retiró.
Dijo que las obligaciones pendientes de pagos corresponde a su administración anterior. En ese sentido, las deudas en el rubro de personal asciende a G.1.105.633.997, al Ministerio de Hacienda se tiene pendiente de pago en concepto de Impuesto Inmobiliario G.138.639.005 y por el mismo impuesto también se debe pagar a la Gobernación de Paraguarí, G.135.639.005.
Existes indicios de malversación de fondos
Lo más preocupante de la administración de Cañete y que está repercutiendo ahora es que habría incurrido en supuesta malversación de fondos y esto se desprende del informe que el mismo remitió a la Junta Municipal, porque el contribuyente al pagar por su Impuesto Inmobiliario ya se tenía que haber depositado el 15 por ciento para Ministerio de Hacienda y 15 por ciento para la Gobernación. Se pide saber dónde fueron a parar los G.271.278.010.
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Además, se descontó al funcionario municipal para Caja de Jubilaciones y Pensiones correspondiente desde el mes de enero a octubre del 2021, cuyo monto asciende a G.114.892.820 y a la Dirección de Catastro se debe pagar G.6.469.820. Estos son fondos que no debían de utilizarse, se debía pagar a cada institución, señaló el concejal González Quintana.
Dijo que el tema de pedido de nómina de funcionarios y las funciones que cumplen ya venían solicitando los concejales anteriores, ahora nuevamente se les pide, pero antes que remitir ese pedido prefirió retirar la solicitud de contratación de empréstitos.