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Los requerimientos fueron solicitados en el marco de la investigación de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central, administrada por el colorado Hugo Javier González.
La Fiscalía investiga un supuesto hecho de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos - facturas clonadas -, declaración falsa y asociación criminal.
El fiscal Diego Arzamendia interina la pesquisa debido a que los fiscales titulares Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera fueron recusados por uno de los imputados.
En total son 15 las personas sospechosas de la comisión de los hechos, entre las cuales se encuentran el gobernador González, varios de sus subalternos, contratistas y miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional, incluído su presidente Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones del fondo de emergencias.
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La Fiscalía solicitó copias del informe respecto a la aprobación o rechazo de los convenios de cooperación firmados por el gobernador González con la fundación CIAP en 2020, con el objetivo de individualizar los acuerdos e identificar a los miembros de la Junta que aprobaron o rechazaron los convenios; además de una copia autenticada de las actas de sesiones relevantes.
Además pidió informes respecto a la aprobación, modificación o rechazo de los presupuestos departamentales remitidos a su consideración por el gobernador en los periodos 2020 y 2021, con copia de las actas de sesiones respectivas y los documentos respaldatorios correspondientes.
La última solicitud compete a informes respecto a la aprobación o rechazo de las rendiciones de cuentas de la ejecución presupuestaria del periodo 2020 remitida por el gobernador, con copia de los documentos respaldatorios respectivos.
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