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El pasado jueves cerró el plazo para que las instituciones públicas comuniquen ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) procesos licitatorios para lo que queda del año. Como es habitual, a las apuradas los entes realizaron las comunicaciones en el último día.
“Estamos en fechas topes de ejecución presupuestaria establecidas por el Ministerio de Hacienda”, recordó Pablo Seitz, titular de la DNCP, en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM el sábado.
“El jueves que fue la fecha tope de comunicar adjudicaciones del año 2021, ingresaron 1.200 y colita de adjudicaciones”, relató.
En todo el año, según los datos estadísticos proveídos por el titular de la DNCP, se registró un total de 9.260 procesos licitatorios. De esta cantidad, al menos 1.200 fueron comunicados en un solo día.
“Un poco más del 10% de todos los procesos del año entero fueron registrados el pasado jueves”, agregó.
Espera tratamiento de ley
Seitz recordó que prosigue el estudio de modificación de la Ley 2051 “De Contrataciones Públicas”.
Manifestó que el Senado ya realizó varias observaciones y análisis a través de sus comisiones. “Este jueves, si todo sale bien, se podría tratar ya en plenario”, agregó.
Reconoció que existía temor a que pudieran surgir modificaciones cuestionables durante el análisis legislativo, pero que se dio “una sorpresa positivísima” del trabajo realizado hasta el momento.
“Por el momento, todos los puntos levantados como observaciones fueron eminentemente técnicos y sirvieron para mejorar el proyecto de ley o para incorporar alguna cuestión positiva de política de Estado”, aseguró.
Uno de esos capítulos fue el incremento del apoyo a las Mipymes.
Sanciones a directivos
Uno de los puntos relevantes de la modificación de la ley de Contrataciones Públicas es la inclusión de directivos y accionistas de empresas contratistas como pasibles de sanciones en caso de incumplimientos con el Estado. “Se contempla la posibilidad de ‘contagiar’ las sanciones y así evitar que se recurran a otras empresas para evadir las puniciones”, aseguró Seitz.
“Ya está en vigencia una ley que permite que las sanciones ‘se contagien’ a directivos y accionistas, pero entró a regir recién con los llamados comunicados desde abril, por lo que no afectó a los procesos más notorios en los que hubo sanción”, agregó el titular de DNCP.
Año récord
En otro momento de la conversación, Seitz adelantó que 2021 será el segundo año con mayor movimiento de dinero a través de las compras públicas.
“Este será el segundo año con el mayor movimiento en materia de contrataciones. En 2019 se realizaron licitaciones por G. 25 billones, y este año estamos por los G. 17,9 billones”, acotó.
Problemas por ley
Además agregó que la inclusión de directivos, accionistas y apoderados de proveedores entre los que debían presentar declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría “afectó muchísimo a los procesos licitatorios. Se perdieron muchas buenas y mejores ofertas”.
“Es una carga tremenda para la Contraloría”, afirmó.