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Miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y de “Somos Anticorrupción Paraguay”, la semana pasada, se reunieron en forma telemática con el ministro de la Sala Penal, Manuel Ramírez Candia.
En la ocasión, le entregaron al alto magistrado un documento con 12 puntos en los que se atacan problemas de fondo del Poder Judicial.
Los ciudadanos organizados piden tomar una serie de medidas, entre ellas sancionar a los magistrados que no castigan a los abogados chicaneros, como lo prevé una acordada de la propia Corte.
Solicitaron que el alto tribunal vea la forma para unificar los criterios para la sustanciación de la audiencia preliminar y juicio oral cuando los acusados son varios.
En el caso de la preliminar, surgen sospechas sobre la actuación de los jueces, al llevar solo adelante la diligencia con respecto a los “peces chicos” y suspenden con relación a los “peces grandes”, exponiendo para ello argumentos no creíbles. De esta forma, dilatan las causas con respecto a la gente con poder económico y solo envían a juicio oral a los que no tienen recursos.
El análisis por parte de la Corte de los casos que prescribieron o se extinguieron y las causas de las mismas, para la adopción de medidas que eviten que siga una impunidad en cadena, también pidió la sociedad civil.
La mora de la Sala Constitucional en resolver la acciones y excepciones, lo cual evita la prosecución de los juicios, fue otra inquietud.
El incumplimiento de los plazos para la fijación de la audiencia preliminar; la falta de sanción a los jueces que no castigan a los abogados chicaneros; la integración de los tribunales de sentencia mediante un mecanismo de sorteo entre los magistrados, fueron los otros puntos expuestos durante la reunión con Ramírez Candia, que es el único ministro que abrió un canal de comunicación con la sociedad civil.
Publicar auditorías
Entre los temas desarrollados, igualmente figuró el pedido de que la Corte publique los resultados de las auditorías que se realizan a los procesos por corrupción pública. “Es importante que la Corte de a conocer a la ciudadanía estos chequeos que se hacen a la actuación de los jueces, abogados, funcionarios y procesados. La gente tiene que saber los nombres, por ejemplo, de los que con su actuar negligente permitieron la prescripción o extinción de un caso”, apuntó la abogada María Esther Roa, una de las que impulsan este tipo de encuentro.
Roa aplaudió la apertura que tiene el ministro Ramírez Candia con la sociedad civil, a diferencia de los otros integrantes de la Corte, que hasta ahora solo dieron la espalda a la ciudadanía.
La abogada comentó que hace rato viene pidiendo audiencia con la ministra Carolina Llanes y que hasta ahora no tuvo respuesta a la solicitud que había hecho.
“Es difícil llegar a los ministros. Ellos no entienden que tienen que trabajar con la ciudadanía, con la gente, que es la que se va a convertir en garante de su independencia”, manifestó la activista.
Los miembros de las organizaciones que participaron de la reunión dijeron que seguirán insistiendo en el diálogo con la Corte y que tienen bajo la lupa la gestión de cada uno de los ministros.