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Un total de G. 87 millones es lo que debe el acusado legislador Friedmann Alfaro a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en concepto de IRP. Así lo revela un documento al que tuvo acceso ABC Color.
De acuerdo con el señalado documento, la falta de pago motivó a que el Ministerio de Hacienda recurriera a un proceso judicial contra el senador colorado oficialista. Como resultado de ese proceso judicial, se emitió un mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo por la suma total de G. 87.199.320.
Además, se ordenó que en caso de no verificarse el abono, se proceda a trabar embargo ejecutivo sobre los bienes del legislador hasta cubrir la suma de G. 8.719.932 en concepto de gastos de justicia.
En resumen, el legislador podría sufrir embargo de sus bienes por más de G. 95 millones como consecuencia de no haber cumplido con sus obligaciones impositivas.
Reconoce deuda
En comunicación con ABC Color, Friedmann dijo en primer momento no estar al tanto de a cuánto ascendía la deuda que tenía con el fisco, pero que sí sabía que se había recurrido a un pedido de fraccionamiento del pago. Pidió unos minutos para conversar con su contador y ponerse al tanto.
“El contador me dijo que efectivamente está pendiente de pago por IRP unos G. 87 millones”, manifestó Friedmann en un nuevo contacto telefónico.
“El monto era más alto, se pagó ya una parte”, agregó.
Friedmann manifestó que su contador tampoco estaba al tanto de la intimación de pago o de que se haya recurrido a la vía judicial para solicitar un posible embargo. “Yo no recibí nada y tampoco el contador. La verdad que no estábamos al tanto”, insistió el legislador.
Por problemas judiciales
Friedmann justificó la falta de pago en el proceso judicial abierto en su contra y por el que fue imputado. “Lo que estamos viendo es cómo hacer para poder cancelar ese pago. No se pagó porque tengo congeladas mis cuentas y no se puede pagar en efectivo, tiene que ser por transferencia bancaria”, puntualizó.
Friedmann está acusado junto a su esposa Marly Figueredo y otras personas por supuesto lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, por el supuesto desvío de fondos de la merienda escolar cuando era Gobernador de Guairá (2013-2018).
La Fiscalía sostiene que los procesados habrían montado un esquema para sacar ganancias en provecho propio con las licitaciones, al facturar con sobrecosto el servicio de alimentación para alumnos del departamento del Guairá.
La acusación del Ministerio Público contra Friedmann y los demás investigados fue presentada el 28 de junio de este año y desde entonces se viene dilatando la definición de la elevación o no a juicio.