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Además de la firma de convenio con el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por el imputado Tadeo Álvarez, sin estar habilitada y el pago a esta con cheques (debió haber sido a través de transferencias bancarias), pisoteando la ley general de presupuesto, el imputado gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), avaló la rendición de cuentas con facturas presuntamente adulteradas presentada por la citada entidad sin fines de lucro.
Esto, revela la investigación fiscal preliminar sobre presunto mal uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) transferidos en diciembre de 2020 por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica en pandemia.
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El acta de imputación, que es una de las principales causales del pedido de intervención de la institución departamental, relata que el 12 de mayo de 2021, tres meses después de recibir G. 5.105 millones, la ONG CIAP remite cuatro planillas de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República (CGR).
La entidad “sin fines de lucro” presentó esa misma documentación el 18 de mayo de 2021 a la Gobernación de Central. Esto, según la mesa de entrada de la secretaría General a cargo de Lourde Verónica Lezcano Decoud.
El 25 de mayo de 2021, la ONG CIAP rectificó dos de las planillas presentadas inicialmente, detalla el acta de imputación.
De acuerdo al documento fiscal, los cambios introducidos por CIAP eran referentes a facturas del proveedor Édgar Daniel Arriola (Asunción Ofertas). Ese mismo día, el 25 de mayo de 2021, el gobernador de Central remitía al Gabinete Civil de la Presidencia de la República y a la CGR las mismas rendiciones con sus respectivos documentos respaldatorios.
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A partir de la publicación de los comprobantes remitidos por CIAP y por el jefe departamental, varios de los supuestos proveedores desconocían los trabajos. Es el caso de Emilia Ovelar, VR Ingeniería SA, Augusto Barrail, Silvano Roberto Cantero, AR Electricidad SRL y Marco Gabriel Maldonado.
El caso más escandaloso es de Édgar Daniel Arriola, de Asunción Ofertas, que además de negar tarea alguna para CIAP y la Gobernación, confirmó que hace años reside en España y no tenía idea de la empresa que figuraba a su nombre, según el acta de imputación.
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