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Un helicóptero de entrenamiento militar colapsó ayer en horas de la mañana en la base ubicada en la zona de Ñu Guasu, donde penosamente perdieron la vida la teniente Andrea Larissa Cubilla Aguayo, quien pilotaba la nave; el mayor Gustavo Rafael Velazco Acosta y el sargento Gustavo Arzamendia Rolón. Mientras que el cuarto tripulante, el técnico Antonio Ariel Martínez Cabrera, se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Militar de Asunción.
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La agente Fátima Villasboa, quien investiga el fatal accidente, explicó que tomaron muestras de “humor vítreo” (líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio ocular) para descartar la presencia de alcohol u otras sustancias en el cuerpo de los fallecidos.
“Tenemos reactivos solo para humor vítreo, para sangre, no. A través del humor vítreo vamos a determinar si había alcohol o drogas de abuso en los cuerpos de los fallecidos. Cuando yo consulté en laboratorio me dijeron que me iban a reservar los reactivos para esas tres muestras porque estaba muy limitado”, manifestó Villasboa, quien aclaró que el procedimiento pudo retrasarse por la escasez de los reactivos.
Los resultados de laboratorio estarán en una o dos semanas. La fiscala expresó también que de momento es muy prematuro declarar alguna conjetura sobre el o los motivos del suceso.
Agregó además que ya fueron solicitados varios informes a la base militar y a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para conocer los detalles de la práctica de vuelo y las condiciones en las que se encontraba la aeronave.
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El dato que maneja el Ministerio Público es que la teniente Andrea Cubilla estaba en una misión de vuelo de práctica, que el instructor era el mayor Velazco y el sargento Arzamendia era un colaborador dentro de las instrucciones.
Falta de insumos afecta a investigaciones
La fiscala de Luque dijo que diariamente deben lidiar con la falta de recursos para el rápido avance de las investigaciones.
“Con este golpe que nuevamente el Senado hizo, de recortar el presupuesto, ya el año que viene va a ser difícil trabajar así. En nuestro día a día tenemos que comprar hojas, no tenemos para arreglar móviles. En las unidades penales de Luque diariamente los fiscales nos ayudamos para darle salida a las causa y compramos tinta, reparamos móviles y más”, expresó la agente.
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El Congreso recortó G. 22.000 millones del presupuesto para el ejercicio 2022 destinado al Ministerio Público.
En septiembre, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, solicitó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso un aumento del 23% en el gasto de la institución, que incluye una suba salarial del 10% para los funcionarios y la creación de 393 cargos, para 40 agentes fiscales con sus respectivas estructuras (120 asistentes, 80 secretarías y 4 auxiliares), médicos forenses, psiquiatras, psicólogos, choferes, entre otros cargos. Actualmente la institución cuenta con 5.207 puestos.