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Cinco cheques firmó el imputado gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), para el pago de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) transferidos por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica del departamento en el marco de la ley de emergencia por el covid-19. Cuatro de los documentos por G. 5.105 millones estuvieron a nombre del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, mientras que uno por G. 1.276 millones para el Consejo Regional de Salud de Central, a cargo de Hugo Cabrera.
Según el acta de imputación fiscal contra González por lesión de confianza, asociación criminal y otros delitos, los cheques fueron emitidos pisoteando Art. 7 de la ley 6469 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020″. Este articulado dice taxativamente en su inciso g) que todas las transferencias en concepto de aportes del Estado serán depositadas a las cuentas bancarias de las organizaciones no gubernamentales, ONG, asociaciones, fundaciones, etc., es decir, con esta práctica se busca conocer la “ruta del dinero” público.
La imputación fiscal agrega que con la acción de los responsables de la Gobernación se posibilitó la efectivización de los cheques en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF). Tres de los cuatro documentos fueron cobrados el 12 de febrero de 2021 por Paulino De los Santos Recalde, tesorero de la ONG CIAP. En tanto, que uno por G. 2.297 millones fue cambiado el 10 de febrero de 2021 por Nicolás Álvarez Doria, síndico de la mencionada entidad “sin fines de lucro”.
Los pagos hechos por la institución departamental eran por dos proyectos: construcción y mantenimiento de espacios públicos y pavimentación asfáltica en el Departamento Central. Sin embargo, en el estatuto de CIAP no está estipulada la realización de este tipo de trabajos.