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Se trata del juez de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Leopoldo Villalba Morel; la jueza de la Niñez y Adolescencia, Graciela Ramona Ramírez Martínez, y la actuaria judicial del primero, Nancy Estela Farías Villanueva, todos de Fuerte Olimpo.
La Fiscalía atribuye a los mismos el hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, según el artículo 250 del Código Penal, en su inciso 1: “El funcionario facultado para elaborar un documento público que, obrando dentro de los límites de sus atribuciones, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa” e inciso 3: “En casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años”, en grado de autor para Farías y de complicidad para Villalba y Ramírez.
El fiscal solicitó la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a modo de que puedan ser desaforados y, a partir de ahí, solicitar las medidas cautelares idóneas. En tanto que para la actuaria sí solicitó medidas alternativas a la prisión como la fijación de domicilio, su comparecencia ante el juzgado de forma mensual y una caución real de G. 300 millones.
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Juez imputado e interino
Por una cuestión de competencia y jurisdicción, el caso necesariamente debe remitirse al Juzgado Penal de Garantías de Fuerte Olimpo, donde existe uno solo. Sin embargo, hace cuestión de varios meses está sin un magistrado encargado, pues el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a la jueza María Lucía Espínola Correa en junio pasado, al comprobar su mal desempeño de funciones en varias causas.
Tras la destitución de Espínola, Villalba Morel pasó a interinar el juzgado penal de garantías. Por esta razón, cuando el expediente llegue a dicho juzgado y el magistrado tome conocimiento de que está imputado, debe inhibirse y remitir el expediente y los antecedentes del caso al juzgado inmediato, que es el de Bahía Negra, donde posiblemente la semana próxima se dará trámite a la imputación contra la actuaria Nancy Farías.
Mientras que los jueces Leopoldo Villalba y Graciela Ramírez primeramente deben ser enjuiciados en el JEM y desaforados para que puedan ser imputados formalmente. Recién a partir de ese momento correrán los plazos con relación a ellos.
El caso
La apertura de la investigación penal contra los jueces y la actuaria judicial emerge tras la denuncia realizada por Frank Dick, en nombre y representación de la firma “STARLAND S.A.”, a nombre de la cual hay cuatro inmuebles. En medio de un proceso de compraventa de tres de estos predios se constató que había una inscripción de “Litis” en una causa caratulada como “Chih Ming Kuo c/ Asociación Indinerhilfe Und Tropenwaldschutz Dr. Binder y/o Starland S.A. s/ interdicto de retener la posesión”, que estaba siendo tramitada en el juzgado de Leopoldo Villalba.
Sobre dicha causa en juicio, el juez Leopoldo Villalba y su actuaria Nancy Farías supuestamente se constituyeron en fecha 13 de febrero de 2018. Posteriormente, en otra causa del mismo actor, esta vez por usucapión, se constituyeron en los inmuebles la jueza Graciela Ramírez, quien interinaba a Villalba, y la actuaria Farías, en fecha 8 de febrero de 2019.
El Ministerio Público también realizó constituciones con técnicos de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales para la medición de los predios a fin de contrastar con los datos judiciales; por otra parte, solicitó informes a la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial sobre la asistencia y las constituciones de los funcionarios.
Ya con los documentos remitidos por la Dirección de Recursos Humanos se constató la inexistencia de las mejoras que se mencionan en las actas judiciales de fecha 13 de febrero de 2018 y 08 de febrero de 2019 respectivamente. Esto hace sospechar que los jueces y la actuaria, en representación del juzgado, certificaron falsamente las constituciones. Esto se acrecienta al comparar los datos geográficos obtenidos mediante GPS con los del Ministerio Público.
Por todos estos hechos señalados por el fiscal surgen como indicios en grado de sospecha que Nancy Farías, en calidad de actuaria judicial habría elaborado las dos actas de constitución, con la colaboración de los jueces y superiores jerárquicos de la misma, ya que en las actas se certificaron datos físicos de un inmueble que no corresponden a la realidad.